Sabíamos desde hace algo más de dos años que el procedimiento a través del cual se pagaron las ayudas sociolaborales del llamado “caso de los eres”, puesto en tela de juicio, primero, por la jueza  Mercedes Alaya y, más tarde, por la jueza María de los Ángeles Núñez Bolaños, es el mismo que la Dirección General de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo, utilizó, para pagar las ayudas de ese tipo que se destinaron a los trabajadores de la denominada Faja Pirítica  en la cuenca minera de Huelva durante el último gobierno de Aznar allá por 2003. De hecho, este mismo diario se hizo eco de la noticia y un servidor le dedicó al tema unas líneas desde esta tribuna.
Sin embargo, hace escasos días hemos tenido constancia de un dato más importante aún que refuerza la tesis esgrimida por la defensa de los expresidentes Chaves y Griñán y desmonta la teoría un tanto descabellada de la extitular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla en cuanto a que el sistema de subvenciones para expedientes de regulación de empleo en empresas en crisis puesto en marcha por el gobierno andaluz fuera ideado para provecho de unos pocos y, por tanto, con la intención de delinquir, cosa que es, a todas luces, incierta. Resulta que dicho procedimiento –la adjudicación de forma directa y sin convocatoria pública alguna de acuerdo con lo estipulado en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, publicada en el BOE el 19 de ese mes– fue el utilizado también por la citada Dirección General de Empleo del referido ministerio para subsidiar a un total de 220 empresas en dificultades y a sus empleados por un montante de unos 300 millones de euros aproximadamente entre 2001 y 2011.
Como ya he insinuado en alguna otra ocasión, soy de los que creen que el caso de los eres no habría existido, o, mejor dicho, no habría sido investigado, sino hubiera habido caso Gurtel. Esto es, que fue, digamos, fabricado, con un evidente interés partidista, ex profeso. Del mismo modo que lo fuera el llamado caso Mercasevilla, que terminó con la libre absolución de todos los acusados.
¿Quiere decir todo esto que desde 2001 a 2010 no hubo irregularidades en la administración autonómica andaluza en lo que se refiere a este tema? No, en absoluto. Las hubo. Y porque las hubo se asumieron desde el gobierno de la Junta las oportunas responsabilidades políticas. Más tarde que pronto y más mal que bien, pero se asumieron. En tanto se dirimen las responsabilidades de otra índole en los tribunales. Está claro que unos cuantos “perlas” se permitieron la sinvergonzonería de desviar dinero público para llevárselo a su casa calentito y deben rendir cuentas ante la justicia por ello. ¡Faltaría más!
Pero no hay que olvidar que el dinero relacionado con la llamada trama de los eres procedía de una partida incluida en los presupuestos anuales de la Junta y, por tanto, aprobada por la cámara de representantes andaluza, no de actividades fraudulentas no controladas por el fisco. Cosa que no es una tontería, aunque a simple vista lo pudiera parecer. Que el plan de ayudas fue diseñado para socorrer a empresas a punto de irse a pique, así como a sus empleados, en situaciones ante las que había que actuar con urgencia, y no para el enriquecimiento de unos pocos, aunque lamentablemente esto acabara ocurriendo. Y, algo no menos importante, que de dicho plan se beneficiaron desde su puesta en marcha unos seis mil trabajadores, de los que no más de un centenar recibieron ayudas sin que les correspondiera.

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