Caso ERE: La hora de la verdad

La Audiencia de Sevilla celebra, a partir del próximo miércoles, el juicio central del caso ERE, la llamada pieza política, que sentará en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos dos ex presidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y seis ex consejeros del Gobierno andaluz.

Todos ellos están acusados de un delito continuado de prevaricación -castigado con penas de inhabilitación- por haber impulsado o mantenido un sistema ilegal para el reparto discrecional de subvenciones públicas, eludiendo cualquier control sobre la concesión de las ayudas o sobre el destino final del dinero, e incluso dejando en manos de quien no tenía competencias para ello decidir a quién se le daban las ayudas.

Y quince de ellos también están acusados de un delito continuado de malversación -penado con prisión-, ya que mantuvieron el sistema, incluso a pesar de conocer que era ilegal, por los reiterados informes que, desde 2005, emitió la Intervención General de la Junta al respecto.

El sistema

El instructor, Álvaro Martín, considera un hecho que “entre los años 2000 y 2011 se implantó y mantuvo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía un procedimiento que ha venido en denominarse procedimiento específico, cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales”, destinadas a empresas incursas en un ERE o a los propios trabajadores afectados.

Estas ayudas, que el instructor cifra en casi 855 millones de euros, de las que la Junta sólo llegó a abonar 741 millones, “fueron objeto de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario”. Era una puerta trasera que permitía disponer del dinero en favor de personas o entidades que no hubieran accedido a las ayudas en un procedimiento ordinario.

Y por esa puerta se colaron como beneficiarios de los ERE personas que no habían trabajado nunca en las empresas para las que se libraban las ayudas, los denominados intrusos, y se pagaron comisiones indebidas a terceras personas.

Para eludir los controles, la Junta empleaba al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que luego se transformaría en la Agencia IDEA, como pagador de las ayudas concedidas desde la Consejería de Empleo. El dinero llegaba al IFA-IDEA a través de transferencias de financiación, por lo que el control de la Intervención se limitaba a comprobar que hubiera fondos. Y el IFA-IDEA hacía efectiva una orden de pago de la propia Consejería de Empleo. Sin más control.

A quién había que abonar las ayudas, lo decidía el director general de Trabajo, pese a que el cargo no tenía competencias para ello, al menos hasta que en marzo de 2010 se dictó una Orden delegando en él esta facultad.

El fondo de reptiles

En principio, las ayudas se operaban con cargo al programa 22E, denominado “Admininstración de Relaciones Laborales” -que a partir de 2002 se transformaría en el programa 31L-. Éste se nutría de dos partidas presupuestarias, una de ayudas a empresas y otra para particulares.

Sin embargo, el 18 de abril de 2000 se produce un cambio sustancial, cuando el programa 22E comienza a aplicarse a través de una nueva partida, la 440.01, denominada “Transferencia al IFA en materia de relaciones laborales”.  Esa partida no existía en los presupuestos de la Consejería y se creó ex profeso, mediante una modificación presupuestaria por la que se detrayeron fondos de las partidas de ayudas a empresas y particulares. En la instrucción, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrerro, se refirió a esta partida como el “fondo de reptiles”.

El uso de la misma era contraria a derecho, por cuanto la transferencia de financiación, por ley, está destinada a atender gastos ordinarios de la explotación de la empresa y no para conceder ayudas o subvenciones a un tercero.

Entre 2000 y 2010, el Consejo de Gobierno y la Consejería de Hacienda aprobaron 22 modificaciones presupuestarias para incrementar la partida 440. Y así se recababron los “fondos con los que se nutría el procedimiento específico”.

Los 22 nombres del banquillo

Durante la instrucción llegó a haber más de medio centenar de investigados. En el juicio serán 22 los procesados. Además de Chaves y Griñán, máximos responsables del Gobierno andaluz y, el segundo, de la Consejería de Economía y Hacienda durante un tiempo, serán procesados los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, las de Hacienda Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo, el de Innovación Francisco Vallejo, y el de Presidencia Gaspar Zarrías, por adoptar las decisiones que permitieron crear o mantener el “procedimiento específico”, y dotarlo presupuestariamente.

También están procesados los ex viceconsejeros Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez y José Salgueiro, que formaban parte del consejillo, la reunión en la que se preparaban los asuntos a tratar en el Consejo de Gobierno.

Y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, que dispusieron arbitrariamente de los fondos vinculados al procedimiento específico, según el instructor.

Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado, Lourdes Medina, secretarios generales de la Consejería de Empleo y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, serán juzgados por impulsar o mantener este “procedimiento específico”, aun conociendo las irregularidades. También los directores generales del IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete se sentarán en el banquillo, por permitir que el organismo actuase como caja pagadora de las subvenciones, incluso sabiendo que ello era irregular.

También Francisco del Río, jefe del gabinete jurídico de la Junta, será procesado por su participación en los consejillos y por no adoptar medidas para evitar las irregularidades, que conocía, y el interventor general, Manuel Gómez Martínez, que pese a las continuas advertencias sobre la ilegalidad, “omitió la adopción de las medidas para impedir que se mantuviese este sistema en años sucesivos”.

La pieza clave

El juicio de la pieza política condicionará el resto del caso. La decisión de la Audiencia de juzgar en este momento todos los hechos que se imputan a cada uno de los procesados impide que éstos vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos en otras piezas del mismo caso. Y ello obligaría a archivarlas, al no poder mantenerse los cargos de prevaricación y malversación sólo contra los supuestos beneficiarios de las ayudas, tras retirarse la acusación contra los funcionarios.