¿Qué pasa con los fusilados en Cádiz?

Cerrar de una vez por todas el capítulo de los fusilados, represaliados y desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo se antoja más complicado que nunca. Después de las expectativas creadas por Baltasar Garzón, dispuesto a iniciar una macrocausa penal contra Franco, 44 altos cargos militares e incluso investigar las atrocidades realizadas también por el bando republicano, muchas asociaciones y familiares vieron el cielo abierto por fin. Y así pasó en Cádiz, donde se recopilaron 1.524 expedientes para que fuesen investigados en el proceso abierto por el juez estrella de la Audiencia Nacional. Pero el aterrizaje de Garzón en la causa de la Memoria Histórica fue caótica desde el primer momento. El ansia por dar descanso a los desparecidos y hacer justicia 70 años después cegó a los interesados ante el gravísimo error del juez al enfocarlo desde el punto de vista penal. La Fiscalía tuvo que recordar que esa no es la forma y empezó a mantener un pulso en el que ni si quiera ha tenido que remangarse. El propio juez se inhibe del procedimiento y deriva la causa a varios juzgados locales, pero ninguno de ellos en Cádiz. En definitiva, el juez ha perjudicado más que beneficiado a los interesados, además de volver a plantear el asunto para que derecha e izquierda discutan por enésima vez por un problema histórico que España no quiere solucionar. Los casos de Cádiz quedan ahora en manos del Estado, que debe demostrar el coraje y la valentía de otras ocasiones para afrontar la Recuperación de la Memoria desde el flanco político. Los jueces no pueden restituir el honor de los fusilados y represaliados, y mucho menos juzgar a los muertos. El Estado sí debe responder a los familiares gaditanos, más ahora que la justicia les ha dejado abandonados.