El ex director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008 Francisco Javier Guerrero ha afirmado este miércoles que "nunca" ha hablado de 'fondos de reptiles', aclarando que no podía hacerlo cuando tenía "una partida presupuestaria --22E y 31L-- con memoria, dotación para un fin concreto y que se aprobaba anualmente con las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía". "Nunca salió de mi boca, se ha tergiversado para pensar que teníamos fondos reservados", ha insistido.

Así se ha pronunciado Guerrero a preguntas de su defensa en la novena sesión del juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el 'procedimiento específico' por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por la Junta.

Tras concluir el visionado de la declaración de Guerrero ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en octubre de 2015, que ha ratificado con una salvedad, el ex director general ha aclarado que no ratificó las declaraciones realizadas ante la juez Mercedes Alaya, que comenzó la instrucción del caso, ni las realizadas ante Policía Nacional y Guardia Civil, porque hay "errores y conceptos que no habían salido de mi boca".

Así, ha asegurado que "nunca" ha hablado de 'fondo de reptiles', expresión que se relaciona con el propio Guerrero para describir el destino de las partidas. "Nunca salió de mi boca. Se ha tergiversado y ha servido de base para la prensa y muchas informaciones y para pensar que teníamos fondos reservados. Nada cierto", ha expresado el ex director general, precisando que se habla de una partida, la 22E y posteriormente la 31L, que "cumplían los requisitos y garantías legales de la administración andaluza, que aprobó durante nueve años con la Ley de Presupuestos".

"SIEMPRE TRABAJÉ CON LA LEGALIDAD"

Guerrero, que ha resaltado que siempre trabajó "con la legalidad", ha señalado que las ayudas previas para las jubilaciones anticipadas se amparaban en la Orden ministerial de 1994; las ayudas sociolaborales a extrabajadores de empresas en procesos de reconversión o en crisis, o a trabajadores con pocas posibilidades de incorporarse al mercado laboral, o las ayudas directas a empresas con planes de reestructuración se otorgaban bajo el amparo de la Orden ministerial de 1995.

En este contexto, ha indicado que el convenio marco firmado entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) --posterior agencia IDEA-- y la Consejería de Empleo --siendo consejero José Antonio Viera-- en 2001 "marcaba la forma de gestión de estas ayudas".

Preguntado por su abogado sobre la presencia de intrusos en los expedientes, Guerrero ha explicado que las ayudas siempre han sido "individuales", aclarando que cuando se habla de 6.300 ayudas sociolaborales en su etapa al frente de la Dirección General de Trabajo son 6.300 expedientes. "No hay expedientes colectivos, sino ayudas individuales reguladas en función del salario del trabajador, su categoría, etc.", ha precisado.

Las aportaciones de la Junta a la ayuda, con complementos entre un 75 y un 82 por ciento, estaban "pactadas con sindicatos y comités de empresa", ha apuntado Guerrero, que ha precisado que si había intrusos es por "ahorro administrativo" de las compañías aseguradoras, que nombraban los expedientes "con el nombre de la empresa a la que pertenecían la mayoría de trabajadores beneficiarios" e incluían los pertenecientes a otras sociedades o a trabajadores con ayudas individuales.

"NO SON INTRUSOS"

"Por tener una referencia de una póliza la compañía usaba el nombre de la empresa a la que pertenecían el mayor colectivo de trabajadores, pero se incluía en ellas a trabajadores con expedientes de ayudas individuales", ha insistido, añadiendo que "no son intrusos, sino personas que tenían privado el derecho al trabajo y reunían los requisitos como los 20 ó 30 trabajadores que habían salido de la empresa" que daba nombre a la póliza.

Cuestionado por los reparos de la Cámara de Cuentas, ha afirmado que "los ciertos problemas que pone son cuando sale el mal llamado caso ERE, porque un expediente de regulación de empleo no es una ayuda sociolaboral. No había puesto pegas anteriormente".

Guerrero ha querido aclarar que en su etapa como director general "vivimos una época convulsa, con un montón de problemas sociolaborales tremendos como Altadis en Sevilla y Cádiz, Santana o Astilleros en Sevilla -que junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández logró que se quedarán abiertos--". En su exposición, ha declarado que "los prejubilados de Andalucía no han cobrado más de 1.000 ó 1.200 euros, no los hemos hecho ricos", recordando que la Seguridad Social ha ingresado "200 millones de euros" de las ayudas sociolaborales.

VIERA "NUNCA ME IMPUSO NADA"

De otro lado, Guerrero ha defendido la "honestidad" de los miembros de los gobiernos de la Junta durante su etapa al frente de la Dirección General de Trabajo. "Los gobiernos de la Junta han sido honestos en su trabajo y conscientes de la realidad andaluza", ha reiterado.

Guerrero ha querido aclarar otras cuestiones de sus declaraciones leídas en el juicio, una ante la Policía Nacional, dos ante la Guardia Civil y otra ante Mercedes Alaya, y, en esta línea, ha negado "imposiciones" del exconsejero José Antonio Viera, que "sólo se preocupaba de los problemas que afectaban a Sevilla y a toda Andalucía". "No hubo imposición, sólo reflexiones y explicaciones", ha reiterado Guerrero.

"Como cualquier otro consejero nunca me impuso nada, sólo se preocupaba por los expedientes que afectaban a Sevilla y a toda Andalucía, como el exconsejero Isaías Pérez Saldaña, de Huelva, lo hacía por la Faja Pirítica, o el exconsejero Gaspar Zarrías, de Jaén, por Santana", ha declarado.

REUNIÓN CON AGUAYO Y EL INTERVENTOR 

Este miércoles se ha terminado de visionar la declaración de Guerrero ante la juez María Núñez Bolaños en octubre de 2015, que ha ratificado "con una salvedad", ya que en ella aseguró que en 2005 hubo una reunión en la sede de la Consejería de Hacienda a la que asistieron tanto él como el entonces interventor general de la Junta Manuel Gómez y la por entonces viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, todos ellos imputados en la causa.

Esta reunión, según Guerrero, se convocó por Barberá tras el informe de la Intervención General elaborado en 2005 en relación al ejercicio 2003 de la agencia IDEA. Tras la misma la conclusión de Martínez Aguayo fue que "se siguiera con el procedimiento --de concesión de ayudas-- tal y como se estaba llevando a cabo, nos levantamos y nos fuimos".

En la misma se abordó "cómo se estaba trabajando, cómo se realizaban los pagos, en definitiva todo el procedimiento y se decide seguir con el mismo". "No le pareció mal a nadie", insistió 

El procedimiento, según Guerrero, lo explicó Barberá y había que dejar "claro" que la Consejería de Empleo "no estaba metiendo deudas o mermando la cuentas del IFA", quien recibía dinero de la Dirección General de Presupuestos cada mes y de ese dinero se pagaban las ayudas. "El interventor conocía la reunión y no puso objección" al sistema de ayudas, añadió.

Este miércoles Guerrero ha matizado que Lozano no estaba en aquella reunión. "Visto al señor Lozano en la Sala, me equivocaba de persona".

Tras concluir el interrogatorio de Guerrero, el turno es para el exconsejero José Antonio Viera, toda vez que el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández solicitó posponer su declaración alegando una "disfonía incampacitante", petición admitida por el presidente del tribunal, que la señaló para el 5 de marzo inicialmente.