El conflicto está servido. Lo raro es que no estalle este país a base de movilizaciones. La opinión pública confronta no sólo el contenido y la tipificación de las sanciones punitivas recogidas en las normas legislativas, también la “subjetividad” de determinados representantes del poder judicial. Podríamos tener la oportunidad de vivenciar una evolución permanente del pensamiento global, pero las decisiones se van tomando a merced de las presiones mediáticas y de las diatribas políticas. El pluralismo de estos últimos no se aúnan en la búsqueda y en la interposición de vínculos. Se manipulan y se utilizan los problemas sociales, como si fueran simples puntos estratégicos de sus listas de propósitos electorales. Cambiar de postura, en último momento, puede derivarse de un giro hacia la conveniencia. Cierto es que no puede llover a gusto de todo el mundo, pero lo que es inconcebible es que la tormenta siempre perjudique a las mismas personas (mujeres, menores, en situación de vulnerabilidad socioeconómica…) Esta semana nos seguimos haciendo eco del impacto tan negativo que ha provocado la sentencia judicial a la “manada” y las “rebajas” indiscriminadas de algunas condenas. Los comportamientos basados en la violencia, la agresividad y la discriminación parecen tener más justificación y protección que los derechos de las víctimas. En vez de aplicar dictámenes ejemplarizantes, los referentes de los contravalores están amparados por la inoperatividad y la injusticia de las normas reguladoras y la deshumanización de quienes dicen poseer la formación y objetividad propia de poderes supuestamente “intocables”. Si las instituciones fallan es necesario analizarlas y transformarlas. Igualmente, escudriñar nuevas fórmulas y soluciones. O darle la transcendencia que tiene, las que teóricamente están plasmadas. No se puede concebir la doble moral. Por un lado, la luz verde a un Pacto Nacional de Lucha contra la Violencia Machista, y por otro, racanear y recortar en las partidas presupuestarias para hacerlo posible. La economía no puede estar por encima del derecho a la igualdad de oportunidades. Aplicar el tijeretazo en la perspectiva de género nos está acarreando consecuencias muy nocivas. Podemos darnos cuenta de que las advertencias y las señales de alerta nos llegan ya, incluso, de organismos internacionales. Como ciudadanía estamos demandando que las mujeres seamos tratadas como seres humanos, no como “objetos sexualizados” ni seres encasillados en las tareas de reproducción, cuidado y ámbito doméstico. El impacto de inseguridad, miedo y desprotección que sentimos nosotras no está siendo tratado con la importancia que debe. Es a través de los movimientos feministas y la colaboración de determinadas plataformas la que está tejiendo un nuevo paradigma donde defendemos algo tan fundamental como el ser iguales. Ni seres-verdugo, ni víctimas. En un contexto democrático, es un deber por parte de todos los sectores y especialmente de los poderes públicos, actuar para que la libertad y la igualdad sean aplicadas, sin permitirse ningún tipo de arbitrariedad ni distinción. Es lamentable seguir reclamando que no podemos ser ultrajadas ni ser la diana de estos terrorismos machistas.