La policía, por encargo de algún alto mando del gobierno de Mariano Rajoy, contrató -dicen las crónicas periodísticas- a un sicario para que asaltara la casa del ex tesorero del Partido Popular. Bárcenas tenía documentación comprometida de pagos en b y sobresueldos para lo más granado de la cúpula popular y era el botín que había que rescatar para que Bárcenas no los pudiera emplear en el caso de sufrir un arrebato de deseo de ponerse a salvo colaborando con la justicia.
Enrique Olivares –el sicario contratado- ideó un plan imbatible a cambio de dinero. Se proveyó de prendas negras y alzacuellos para acercarse a la casa de la familia Bárcenas. Pensó que disfrazado de cura tendría paso franco en la casa. Así ocurrió. Llamó a la puerta, dijo venir en nombre de Instituciones Penitenciarias y del Obispado y que quería tramitar por caridad y misericordia algunos trámites para conseguir la libertad del padre de familia encarcelado. Lo recibió la asistenta. La señora de la casa y su hijo lo hicieron sentarse en el salón para que cumplimentara más cómodamente su noble tarea. Ahí vino la sorpresa. El invitado sacó una pistola –tan falsa como él mismo- y, tras amenazar a la señora de Bárcenas, los ató a todos –asistenta, hijo y madre- mientras reclamaba los documentos que le habían llevado hasta allí.
Era presuntamente un acto de Estado, de las cloacas del Estado. De las chapuzas del Estado, con residencia en el ministerio del Interior. Los propios familiares de Bárcenas lo redujeron pidiendo auxilio desde el balcón del domicilio y apartándole la pistola, tras desatarse. El susto fue enorme. El falso cura quedó arrestado, más tarde fue condenado y se hizo pasar por loco para disminuir la pena. La condena fue de 22 años. Lo hizo por 10.000 euros.
La historia continuó. Ahora se ha sabido que el operativo policial – que no judicial- para hacerse con los papeles de Bárcenas tenía 80 policías y mandos y, con la excusa de proteger a la familia y con la colaboración del chófer –recompensado con dinero y un puesto en la policía- completaron la operación con la captura de varios pendrives con toda la documentación. El nuevo director de la Policía admite ante el juez que el Gobierno de Rajoy pagó con dinero público de los fondos reservados el espionaje a Bárcenas. Truculencia en estado puro.
