La utilización partidista que el PSOE de Andalucía está haciendo de la Fiscalía y de la Justicia está sobrepasando los límites de la constitucionalidad. La clásica división de poderes que el barón de Montesquieu enunciaba a mediados del siglo XVIII, parece haber pasado a mejor vida.

Una conclusión que se extrae a la luz de los hechos que van salpicando la actualidad política, en los que la intromisión del partido político que gobierna la Junta de Andalucía y el gobierno de España en las actuaciones que se promueven desde la Fiscalía, es evidente. Si el mes pasado era la vicepresidenta De La Vega quien anunciaba, desde Sudamérica, la futura presentación de un recurso por parte de la Fiscalía en un asunto relacionado con el Partido Popular, la semana pasada un alto cargo socialista almeriense anunciaba la imputación de un alcalde del PP, antes de que lo supiese el propio encausado o lo hiciese público el fiscal.

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Es muy grave lo que hace el Partido Socialista. No es de recibo que el secretario de Política Municipal del PSOE en Almería, Juan Antonio Segura, sea quien anuncie que el alcalde de Sorbas, José Fernández, se enfrenta a una petición fiscal de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público, por autorizar la construcción de tres viviendas sobre suelo no urbanizable.

Actuaciones como ésta son impensables en un Estado de derecho, y menos en cualquier país de la Europa de nuestro entorno. Ello hubiese supuesto, de manera inmediata, la dimisión o el cese de todos los responsables de esta flagrante ilegalidad.

Aunque cosas como ésta suceden cotidianamente en Andalucía, ante la indiferencia de los medios de comunicación y la permisividad del sistema judicial.

La inseguridad jurídica que se desprende de esta situación, en la que representantes políticos parecen ser los portavoces de la Fiscalía, o que incluso anuncien los recursos o actuaciones que ésta va a iniciar, están siendo demasiado habituales.

Son fruto y consecuencia de sujetos aupados a las grupas del poder de este enquistado régimen clientelar socialista, que piensa que Andalucía es su cortijo y que las instituciones judiciales están a su servicio.

Algo que pensábamos que era privativo de Andalucía; pero que durante los últimos meses se ha extendido por toda la geografía peninsular, hasta evidenciar que la celeridad y contundencia con las que la Justicia hace implacables sus investigaciones sobre asuntos relacionados con los casos de corrupción de militantes del PP, difieren mucho del tratamiento, ante situaciones similares, si afectan a militantes o cargos del Partido Socialista.