Antonio Porta declara ante el juez que no participó en los disturbios

El chipionero Antonio Porta, detenido el pasado martes en Honduras bajo la acusación de participar en los disturbios posteriores al regreso del depuesto presidente Manuel Zelaya, compareció ayer en un juzgado de Tegucigalpa, donde negó los cargos que se le imputan.

Porta, de 41 años y natural de Chipiona (Cádiz), está acusado de participar, junto a otros seguidores de Zelaya, en los disturbios que desembocaron en la rotura de vidrios y el lanzamiento de piedras y otros objetos contra los automóviles de la Policía hondureña.

La Fiscalía acusa al español y a otros siete hondureños de sedición y daños agravados por hechos supuestamente ocurridos frente al Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Porta y su abogado, Marco Tulio Amaya, dijeron a Efe que la acusación es “falsa” y que ni él ni sus acompañantes atacaron a los dos vehículos policiales.

Ambos explicaron que Porta había salido a buscar comida junto a una amiga suya, María Antolina García Moncada, tres hermanos de ésta, otra pariente y un amigo.

El español declaró a Efe que “en ningún momento” participó en los incidentes, mientras que Amaya -su abogado- subrayó que “él nunca anduvo” en marchas u otras actividades de los seguidores de Zelaya, sino que “estuvo en el lugar y la hora equivocada”. Relató que él llamó a su amiga para que le acompañara a buscar alimentos, pues en el hotel donde se alojaba no había, debido al toque de queda impuesto por el Gobierno de facto ante el regreso de Zelaya al país.

Los detenidos, además de Porta Álvarez, son los hermanos María Antolina, Oscar Joaquín, Joel Orlando y Santos Reinaldo García Moncada; Gladys Azucena Domínguez y el amigo Víctor Adolfo Izaguirre, además de Milton Mateo Centeno.

Amaya sostuvo que los dos vehículos de la Policía fueron dañados en otro sector de Tegucigalpa, donde el martes ocurrieron disturbios después de que militares y policías desalojaran violentamente a los simpatizantes de Zelaya de los alrededores de la embajada de Brasil, donde el depuesto presidente permanece desde hace una semana.

Según el abogado, la legislación hondureña establece una pena de cinco a diez años de cárcel por sedición y de tres a seis años por daños agravados.

Estaba previsto que el tribunal decidiera si los ocho detenidos continúan en prisión o los deja en libertad. Al cierre de esta edición, no había trascendido el resultado de la vista. Ni siquiera la familia de Antonio Porta tenía noticias y, al filo de la media noche (hora española), todavía permanecía pendientes del teléfono por si recibían información al respecto, esperanzados por una resolución favorable, que dejaran en libertad a Antonio y pudiera regresar a su casa.

Según informaron miembros de la familia, entorno a las cinco de la tarde (hora española) recibieron una llamada de la sobrina de Antolina -amiga de Antonio-, que les informó que se dirigían al juzgado. La angustia y el nervio es la nota predominante en la casa de Antonio Porta desde que fuera detenido el pasado martes, pero ayer todos estaban expectantes a la decisión del juez. “Cada vez estamos más nerviosos por la incertidumbre”, manifestaron.

Asimismo, indicaron que el Ayuntamiento de Chipiona se ofreció desde el primer día a costear el viaje a Honduras para acompañar a Antonio. Sin embargo, “si no nos van a dejar verlo, para qué vamos a ir”, dijeron.