El ministerio fiscal defendió ayer la instrucción del "caso Malaya" contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, mientras que las acusaciones particulares coincidieron en afirmar que los indicios son "suficientes" para procesar a los imputados.

El ministerio fiscal criticó que las defensas hayan hablado de violaciones de derechos fundamentales en la instrucción, de falta de imparcialidad del primer instructor y que "se haya puesto en entredicho el propio estado de derecho".

Destacó que algunas alegaciones y quejas "están fuera de lugar" y que no es cierto que el derecho procesal no haya estado presente en el caso y añadió que lo que puede ocurrir "es que no hayan gustado las resoluciones".

Aseguró que la instrucción "ha tenido cabal respuesta" para todas las cuestiones y que prueba de ello es que las querellas contra la misma han sido desestimadas.

Por su parte, las acusaciones particulares solicitaron la confirmación del auto de procesamiento al entender que los indicios son suficientes y que "ya habrá momento de depurar y hacer escritos de acusación".

La primera acusación particular cosnideró que a un auto que se dicta a principios de la instrucción no se le puede pedir que establezca todos los tipos y causas "porque estaríamos adelantándonos".

La segunda acusación particular insistió en que "no hay violación de ningún derecho fundamental" en el auto de procesamiento y ha defendido la consideración individual de los imputados.

El ministerio público y las acusaciones particulares expusieron ayer sus argumentos ante el tribunal, tras afrontar la Sala los 62 recursos de apelación interpuestos contra el auto de procesamiento del caso.

Entre los imputados figuran Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama, y los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, además de nueve ex concejales y el que fuera secretario del Ayuntamiento.