Desde que el pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictara sentencia en cuanto a este índice, en nuestro país se han dictado varias sentencias con diferentes criterios, la mayoría favorables al consumidor, pero también algunas desfavorables.
Recordemos que el TJUE mediante su sentencia dictó que los jueces españoles debían controlar la transparencia en la comercialización de la hipoteca con respecto a este índice. Además, fijaba que si el juez español declara nula la cláusula que fija el índice y entiende que el préstamo no puede subsistir lo sustituyera por un índice legal.
Varias Audiencias Provinciales han dictado sentencias. La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, la Audiencia Provincial de Sevilla, la Audiencia Provincial de Huelva, la Audiencia Provincial de Alicante, la Audiencia Provincial de Madrid, la Audiencia Provincial de Cáceres y la de Granada se han posicionado a favor de la legalidad de este índice. Todas han seguido el criterio de la precitada sentencia de la Sección 15 de Barcelona.
Por el contrario, la Audiencia Provincial de Toledo, la Audiencia Provincial de Tarragona, la sección 4 y 17 de la Audiencia Provincial de Barcelona, la Audiencia Provincial de Álava, la Audiencia Provincial de Valencia y la de Málaga, así como numerosos Juzgados de Primera Instancia se han posicionado a favor de los consumidores, declarando nulo el índice y sustituyéndolo por el Euribor.
Dada la controversia, el juez de Barcelona que elevó dicha cuestión al TJUE ha preguntado a las partes si estiman conveniente repreguntar al TJUE para que aclare esta controversia. Asimismo, el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra, ha admitido a finales del mes pasado varios recursos de casación sobre este índice, por lo que esperemos que resuelva más pronto que tarde para que finalice esta inseguridad jurídica que existe en la actualidad.
Las sentencias que se han dictado a favor de la legalidad de este índice están siendo muy polémicas por su fundamentación e incluso un despacho de abogados se está querellando contra los Magistrados que dictan las precitadas sentencias por supuesta prevaricación.
En mi opinión, al final se esclarecerá este asunto en favor de los consumidores y podrán recuperar lo que han estado pagando de más por la aplicación de este índice pero aún las entidades van a seguir poniendo trabas por el camino puesto que hay en juego muchos miles de millones de euros.
