El pasado día 8 octubre tuvo lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, el inicio del juicio en materia de conflicto colectivo planteado por el Sindicato Nacional Trabajadores en Fraude (Sintef) contra la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir con la asistencia del letrado Manuel Martos García de Veas, así como contra los sindicatos que forman parte del Comité de Empresa, esto es, Satse, UGT, CCOO, USAE, CSIF, SMA y FATE.
Según Sintef, "con este conflicto colectivo se busca dar una solución al fraude en la contratación temporal que se viene produciendo desde hace años en las agencias administrativas dependientes de la Junta de Andalucía, y en concreto, en lo que ahora nos ocupa, en la Agencia Pública Sanitaria Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir".
El presidente de la Asociación de Eventuales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, Antonio Espejo, afectado en esta situación y uno de los cientos de trabajadores que también ha presentado demanda individual, afirma que “con esta OPE, la Agencia y Consejería de Salud, que han incumplido durante años su obligación de sacar procesos progresivamente, cada año, según se iban produciendo vacantes, se van de rositas sin eliminar las consecuencias de infracción del derecho de la Unión (Directiva 1999/70/CE), y sin efectos negativos para el empleador que infringe”. El empleador es una administración pública que en contra de ser un ejemplo de legalidad y salvaguardar los derechos de sus empleados, desde hace más de 20 años los tiene cercenados y en abuso.
Así, Espejo afirma que “los sindicatos con representación en la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir han escuchado nuestras reclamaciones al respecto, pero en este sentido, hemos echado en falta acciones de oposición contra la dirección de la Agencia. Sus centrales no apuestan por reclamar primero la reposición de derechos del personal en Fraude de Ley y después convocar la OPE. Ellos, en connivencia con la propia Agencia, apuestan por OPE incluso sin reparar los daños a los trabajadores en abuso, lo que les convierte en cómplices y ejecutores de un E.R.E. Es doloroso comprobar esta situación donde los sindicatos, que deberían ser los fiscalizadores de las acciones de la Agencia, en este aspecto concreto, hasta el momento van de la mano de la misma”.
Por esa razón y desde la misma base, los empleados temporales de la Agencia del Alto Guadalquivir han decidido unir acciones y dirigir a los sindicatos, de manera individual y por escrito, una petición de apoyo en un nuevo intento de conseguir su adhesión a sus reivindicaciones. Esta acción será ampliada al resto de agencias sanitarias para que se muestre la disconformidad del personal con la representación sindical e intentar que cambien de actitud, defendiendo, como deben, al personal más vulnerable y contratado en fraude. Recordemos que este conflicto afecta a más de 1.800 personas.
"El fraude en la contratación se traduce en la concatenación de contratos temporales por los diferentes trabajadores de la Agencia con carácter continuo al objeto de asegurar necesidades que realmente son permanentes y que en consecuencia se deben cubrir con personal fijo. En concreto, nos encontramos con trabajadores que llevan prestando servicios desde hace más de 20 años con contratos temporales, lo que genera inestabilidad en el empleo y les afecta en su vida personal y familiar", señala Sintef, que añade que "lo anterior evidencia una actitud de abuso por parte de la Administración al vulnerar los derechos de los trabajadores y en concreto la estabilidad en el empleo que consagra la Directiva 1999/70 y jurisprudencia que la desarrolla".
Sintef solicita, entre otras cuestiones, "que se nos indique si como sanción a este fraude se debe reconocer el vínculo como indefinido del Estatuto de los Trabajadores, que se asimila a fijo, o deben ser directamente trabajadores fijos".
Asimismo, se requiere que se aclaren otros derechos como el de la reubicación preferente antes del despido e incluso la cuantía de las indemnizaciones a abonar en caso de despido por cubrirse la plaza, que no el “puesto de trabajo”. Esta demanda de conflicto colectivo se presenta para aclarar estos derechos y en inicio a la demanda inminente por daños y perjuicios, así como depuración de responsabilidades a los sindicatos pertenecientes a la mesa, así como a los propios gestores de la Empresa Pública y la Agencia.
"En consecuencia, la estimación de nuestras pretensiones supondría para los miles de trabajadores que prestan servicios para las diferentes agencias de la Junta de Andalucía el reconocimiento de aquellos derechos laborales que desde hace tantos años se les viene negando", afirma.
La vista del día 8 se suspendió para que los sindicatos se pronunciasen sobre la posibilidad de paralización de la oferta de empleo en tanto no se resuelvan judicialmente los recursos planteados.
