Las diligencias previas incoadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa, Alberto Blanco, para dirimir si hay indicios de irregularidades urbanísticas en el planeamiento del municipio de Arboleas (Almería) han derivado en la imputación de "varias personas ajenas al ámbito político o público" por presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio, si bien la investigación "sigue en curso".

Así lo confirmaron a Europa Press fuentes judiciales, que precisaron que el registro efectuado ayer por la Unidad de Policía Autonómica adscrita a la Junta de Andalucía responde a un nuevo atestado que amplía el que dio origen a la apertura de diligencias previas en 2009 y por el que, tal y como consta en el auto de entrada y registro dictado el pasado día 13, se añade a la causa la presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística.

La imputación por delito contra la ordenación del territorio, según se recoge en el Código Penal con respecto a esta figura, apunta a constructores, promotores y directores técnicos de obra que ha edificado en el término municipal, de alrededor de 4.000 habitantes, ya que, de momento, no se han personalizado posibles responsabilidades para autoridad o funcionario público ni por este ni por el delito de prevaricación urbanística.

A la espera de que el juez Alberto Blanco y la Fiscalía, quien interesó la intervención en las dependencias del ex secretario e interventor municipal de Arboleas, Fernando García Benito, inicie la toma de declaraciones, los agentes requisaron ayer en el despacho ubicado en la planta baja del inmueble originales tanto de las solicitudes de licencias de obras como de los proyectos de ejecución de las mismas.

Entre la documentación intervenida figuran, asimismo, originales de las resoluciones de Alcaldía sobre licencias de obra, los permisos de primera utilización de la edificación, así como los informes técnicos favorables a la concesión de licencias de segregación que se suman al libro de actas y decreto de resoluciones.

Los agentes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, que permanecieron durante más de seis horas en el Consistorio gobernado por el PSOE desde 1999, decomisaron también el ordenador personal de García Benito, quien fue relevado del cargo el pasado mes de julio y ejerce actualmente como técnico de la Administración General, para la obtención de archivos y ficheros relacionados con la anterior documentación que pudieran existir en el disco duro o que hubiesen sido borrados.

Por su parte, el alcalde de Arboleas, Ángel Jesús García (PSOE) aseguró el lunes en rueda de prensa que "en lo que conoce, todo es legal" al tiempo que trasladaba que "no se ha dado ninguna información acerca de este registro, más allá de la mera comunicación en calidad de alcalde" si bien indicó que, por "vía extrajudicial" se le aseguró que el registro se podía deber "a asuntos urbanísticos".

El alcalde de Arboleas, quien antes de ser nombrado como regidor del municipio tras el fallecimiento en enero de su antecesor, Francisco Pérez Miras, ostentaba la titularidad del Área de Turismo, Comercio y Deporte del ayuntamiento, incidió en la legalidad de las actuaciones desarrolladas por el equipo de gobierno que además -ahondó- "trata en junta de gobierno local los asuntos urbanísticos desde 1999", lo que implica a toda la corporación en esta concejalía.

La Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Zurgena, Albox, Cantoria, Arboleas, Partaloa, Albanchez y Lubrín alcanzaron en septiembre de 2008 un acuerdo de colaboración para elaborar planes de Inspección locales que servirán para detectar las viviendas fuera de regulación en el término municipal y diseñar una ficha individualizada sobre la situación específica de cada una de ellas, estimadas en un total de 5.000 propiedad en su mayoría de residentes británicos.