Escuelas Católicas, CECE, FSIE, Feuso, Concapa y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas a nivel nacional en 'Más Plurales', se han manifestado este domingo en todas las capitales de provincia salvo Cádiz --en su lugar, lo han hecho en Jerez de la Frontera-- en protesta contra la Lomloe, conocida como 'Ley Celaá'.
Una vez más, han elegido para su reivindicación caravanas de vehículos, adornados con motivos naranjas, con itinerarios aprobado por las autoridades competentes, y de nuevo se han dado cita "más de 20.000 participantes, al igual que ocurrió con las marchas del pasado día 22 de noviembre", según informan fuentes de Feuso.
Las entidades convocantes han querido trasladar con esta acción de protesta tanto a la opinión pública como a grupos políticos "el amplio rechazo social" que causa esta reforma y protestar ante el avance de la ley y la posibilidad de que la próxima semana pueda ser aprobada en el Senado.
"Con esta manifestación se pide a los partidos políticos que digan no a esta Ley en la Cámara Baja para abrir un debate educativo profundo y serio", añaden, toda vez que señalan que patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada "coinciden en rechazar" la Lomloe, "tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido", añaden en un comunicado.
Así, según los representantes de la concertada y privada, que este miércoles presentaron en la Delegación del Gobierno de Andalucía un escrito formal con las enmiendas que desde la Plataforma 'Más Plurales' Andalucía se proponen para modificar aquellos aspectos más negativos del texto actual, la Lomloe "supone un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas".
Las citadas entidades consideran que "al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares, concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos", y aseguran que para hacerlo, "se inventa un derecho a la educación pública completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados".
Por otra parte, apuntan que la Lomloe "no sólo no avanza en la homologación de los profesores de la enseñanza concertada con los de la pública, sino que amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y el futuro tanto de la educación diferenciada, a la que se la aboca a no financiarse con fondos públicos y a su desaparición como opción pedagógica, como de los centros específicos de educación especial, en contra de la opinión de los profesionales y las familias", y agregan que "insiste en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a los padres, o incluso a los poderes públicos frente a los padres".
