Las restricciones no frenan el tsunami de casos tras la relajación en Navidad

Las restricciones para la movilidad, el comercio y la hostelería aplicadas desde octubre en Andalucía no han frenado la tercera ola, también calificada como tsunami por su virulencia, después de que se relajaran en las Navidades y se volvieran a endurecer tras las vacaciones por el "explosivo" aumento de contagios y muertes.

Con una cifra récord de 106 fallecidos esta semana y varios días por encima de los 80 muertos, la incidencia se mantiene en torno a 900 casos por 100.000 habitantes, una cifra que a finales de diciembre era de 134.

La única cifra positiva tras las Navidades es que los hospitalizados por covid en Andalucía descendieron ayer en 69 en las últimas veinticuatro horas y se sitúan en 4.911, y los ingresados en las UCI son 702, tres menos que ayer, cuando se marcó un récord de ingresos y de pacientes en las unidades de cuidados intensivos.

Además de las últimas medidas restrictivas acordadas el 8 de enero y luego prorrogadas hasta el 15 de febrero, la Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno español que confine a los ciudadanos, o que permita a las comunidades autónomas hacerlo, así como adelantar la hora del toque de queda, peticiones que no han tenido éxito.

EMPIEZAN LAS RESTRICIONES

El 28 de octubre se adoptaron las primeras medidas, con una incidencia que entonces era de menos de 400 casos. Las restricciones se aplicaron solo veinte días después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, dijera que los datos avalaban la "razonable gestión" de la pandemia en Andalucía.

Cuando se tomaron esas medidas había 119.701 personas diagnosticadas de coronavirus y 2.402 fallecidos, con dos mil contagios diarios y 32 fallecidos. El miércoles 3 de febrero había 6.630 fallecidos, 417.701 contagiados, en torno a 4.000 diarios, y 265.273 curados.

Las primeras medidas consistieron en el cierre de la comunidad hasta el 9 de noviembre y el mantenimiento del toque de queda de 23:00 a 06:00 horas, como estableció el Gobierno central en el decreto del estado de alarma.

Cuando en noviembre se llegó a la fecha límite de las restricciones, el Gobierno andaluz acordó adelantar el toque de queda desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana y limitar la actividad comercial no esencial hasta las seis de la tarde en toda Andalucía, excepto en Granada, donde se decretó el cierre total.

PRÓRROGAS

El 22 de noviembre, el Gobierno del PP y Cs prorrogó las medidas, entre ellas la prohibición de desplazarse entre provincias y el cierre de establecimientos a las 18:00 horas, y cinco días después se dio por "doblegada" la segunda ola y se anunciaban nuevas medidas en diciembre para evitar la tercera ola.

El 10 de diciembre se acordó una desescalada de las restricciones en dos fases, con mayor facilidades entre el 23 de diciembre al 6 de enero, cuando se permitió la entrada y salida de Andalucía para agrupación familiar y visitas de "allegados", lo que la Junta admitió a su pesar, y se permitieron reuniones de hasta 10 personas los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

LA METÁFORA DEL GRIFO

El presidente andaluz utilizó en reiteradas ocasiones la metáfora del grifo para explicar las restricciones: se abre el grifo de las medidas para no perjudicar en exceso a la economía y se cierra cuando hay aumento de contagios.

Lo cierto es que tras las Navidades los casos en Andalucía se dispararon y el 8 de enero se volvieron a aplicar las medidas que existían antes de la desescalada previa a las fiestas navideñas.

La actuación del Goibierno andaluz ha suscitado las críticas de los distintos partidos políticos que no gobiernan: PSOE, Adelante Andalucía y Vox, que respalda al Ejecutivo habitualmente.

Además, se anunciaron planes especiales para aumentar la capacidad de hospitalización ante la previsión de la necesidad de camas hospitalarias y de UCI, y esta semana se han abierto 49 camas convencionales y nueve de UCI solo para enfermos de covid del antiguo hospital militar de Sevilla, que llevaba 17 años cerrado.

MEDIDAS POR MUNICIPIOS

Junto a las medidas de ámbito regional, la Junta ha implantado desde el 17 de enero un sistema de evaluación por cada municipio que se revisa cada lunes y jueves.

Las medidas en este ámbito se toman en función de si un municipio supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, que implica la prohibición de salir del término municipal, o si pasan de los mil, en cuyo caso solo se permite la actividad esencial.

De esta forma, los comités provinciales que analizan el impacto de la pandemia deciden los municipios que asumen nuevas restricciones, que han llegado a afectar al 40 por ciento de la población, o incluso si se relajan en el caso de que mejoren las cifras, como ha ocurrido esta semana con 31 municipios.

QUEJAS AL GOBIERNO

Ante la negativa a las demandas de la Junta de adelantar el toque de queda y aplicar el confinamiento domiciliario, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, se ha preguntado "cuántos muertos tiene que haber para que el Gobierno de España deje que las comunidades autónomas puedan tomar decisiones" para luchar contra la covid-19.

A principios de febrero se han vuelto a bajar los contagios a unos 4.000 o 5.000 diarios pocos días después de encadenar varias jornadas con casi 8.000, aunque la cifra global ya supera los 417.000 casos y los fallecidos son más de 6.600.

PETICIONES A LOS CIUDADANOS

Ante el avance imparable de la tercera ola, que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha calificado como un tsunami por su rápida y amplia extensión, el presidente andaluz ha hecho apelaciones al "sentido común" y a tener "cabeza" para que los ciudadanos tengan un comportamiento adecuado que evite la propagación de la enfermedad vírica.

Días antes, el presidente empezó a pedir a los andaluces que "de forma solidaria y voluntaria" se quedaran en su casa a partir de las ocho de la tarde, una solicitud que han hecho después varios dirigentes del Ejecutivo regional.

Junto a los recursos públicos y ante las previsiones de los próximos días, la Junta de Andalucía anunció la semana pasada un acuerdo con la patronal de la sanidad privada para sumar sus recursos a la lucha contra el covid.