El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha empezado a contactar con el resto de fuerzas parlamentarias para realizar una reforma urgente de la Ley de Salud Pública con el fin de cerrar perimetralmente aquellas localidades con alta incidencia de coronavirus. Dicha reforma pretende evitar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbe las solicitudes de cierre como pasó el pasado martes en Montefrío (Granada).
Mientras tanto, la Junta ha vuelto a ordenar el cierre perimetral de Montefrío (Granada) al mantener una incidencia de Covid superior a los 1.000 casos, y ha decretado también el confinamiento para La Campana (Sevilla) por el mismo motivo. Ahora, el TSJA tiene la última palabra.
Las negociaciones para hacer esta reforma de la Ley de Salud Pública comenzaron este miércoles y las ha puesto en marcha el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Sin embargo, el portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha sido el encargado de anunciar estas negociaciones y ha expuesto que, por ejemplo en el artículo 78 de la ley, que establece las medidas a adoptar por la comunidad en caso de emergencia, no está prevista una situación de pandemia, por lo que cree que debería incluirse.
Nieto ha explicado que hay distintas medidas legales que se pueden articular y considera que la reforma de esta ley “puede ser una solución”, siempre receptivos a todas las propuestas que trasladen el resto de grupos parlamentarios.
El Gobierno andaluz entiende que necesitan soluciones “en el menor tiempo posible”, pero quiere “ser generoso” y “no imponer ninguna” y para que los grupos “se sientan libres”.
“Tendremos que hacer nosotros el trabajo que no quiere hacer el Gobierno de España y evitar trasladarle la responsabilidad a la autoridad judicial”, ha manifestado Nieto, quien cree que lo que se está viviendo en las comunidades tras la caída del estado de alarma es “una auténtica vergüenza” por “la cobardía” del Ejecutivo de la nación.
Por otro lado, en cuanto a la vacunación, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha manifestado en sede parlamentaria que se va a empezar a vacunar a 71.000 profesionales esenciales que no habían recibido ninguna dosis y ha pedido al Gobierno de España que permita la inoculación de la segunda dosis de AstraZeneca de forma voluntaria.
