La Junta de Andalucía ha revisado el control financiero permanente que aplica a la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (Rmisa) a través de la Resolución 6/2021 de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Desde 2019 el Gobierno andaluz venía aplicando este modalidad de fiscalización del gasto y del procedimiento administrativo pero ahora estima, "tras dos ejercicios de aplicación", la aparición de circunstancias que "aconsejan una revisión".
Entre sus novedades incluye, tras describir que el procedimiento de tramitación de la Instrucción anterior, 5/2019, "no ha resultado efectivo para coordinar la labor de las distintas Intervenciones", la decisión de "suprimir la elaboración del informe resumen previsto en aquella, e incluyendo como destinatario de los informes definitivos a la persona titular de la Consejería competente en materia de Políticas Sociales".
De igual forma prevé en la elaboración de los informes de la auditoría de cumplimiento que "el informe definitivo será firmado electrónicamente por el interventor actuante, y será enviado a la Intervención General para su remisión al órgano gestor, a la persona titular de Consejería competente en materia de Políticas Sociales y al titular de la Consejería competente en materia de Hacienda".
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta semana la resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía 6/2021 sobre el control financiero permanente y la contabilización de la renta mínima de inserción social en Andalucía.
El Decreto-ley 3/2017 regula la Renta Mínima de Inserción Social en
Andalucía, que describe como una prestación económica encaminada a contrarrestar la exclusión social e incorpora un itinerario con un Plan de inclusión sociolaboral.
En la argumentación de la iniciativa, que tiene la rúbrica de la interventora general, Amelia Martínez, se pone de manifiesto la necesidad de revisión de la anterior instrucción, la 5/2019, también reguladora del control financiero de la Renta Mínima de Inserción.
En ese sentido señala cuestiones como "los incrementos en la población de expedientes debidos a causas excepcionales, como ha ocurrido en 2020 con la crisis ocasionada por el Covid-19", circunstancia que lleva a plantear que "los porcentajes de las muestras para los controles se fijen cada año por la Intervención General".
La resolución recoge la descripción de las actuaciones de control financiero permanente, el alcance de los trabajos, los interventores actuantes, el desarrollo de los trabajos, la elaboración de informes de la auditoría de cumplimiento y el procedimiento de ejecución y de contabilización del gasto.
La denominada auditoría operativa, que se centrará sobre "una muestra de expedientes de gasto de las resoluciones de aprobación, resoluciones de modificación y suspensiones temporales y resoluciones de renovación", abordará aspectos como "que la solicitud está debidamente cumplimentada y con la documentación requerida; que los beneficiarios cumplen los requisitos; que el procedimiento de concesión llevado a cabo se ajusta a la normativa aplicable; que los pagos han sido realizados a la persona beneficiaria; que las modificaciones de la concesión se ajustan a la normativa aplicable; y que consta un plan de inclusión social adecuado".
CIENTO QUINCE MILLONES EN EL PRESUPUESTO DE 2021
La Renta Mínima de Inserción Social cuenta con una dotación de 115 millones de euros en el Presupuesto de la Junta de Andalucía de 2021.
En la Memoria del Presupuesto de la Consejería de Igualdad se pone de manifiesto sobre la Renta Mínima de Inserción Social que "este Decreto-ley va a ser modificado para mejorar la prestación, complementar el ingreso mínimo vital, de carácter estatal, sobre todo a las familias con hijas e hijos menores de edad, y hacer la prestación más accesible a la ciudadanía a la que se destina".
La Consejería de Igualdad indica sobre el sexo de la persona titular de la unidad familiar perceptora de la Renta Mínima de Inserción Social que "en 2019 hubo un 38,90% más de mujeres que de hombres".
