Tras años de pésima gestión, sucesivos gobiernos de uno y otro signo tanto en la administración del estado como en la administración autonómica y de un sinfín de desaciertos, la temporalidad entre el personal laboral de la Junta de Andalucía perteneciente al Sexto Convenio Colectivo es insostenible.
Los distintos datos aportados por la propia administración andaluza, aun variando de una publicación a otra por arte de magia, nos indican que a día de hoy hay en torno a 24.600 laborales en la administración general, de los cuales más de 9.600 son temporales en precario. Estas cifras dan la friolera de un 39% de temporalidad en el personal laboral sin contar el personal laboral de agencias y otros entes públicos.
Si tenemos en cuenta que se acordó con sindicatos el mantener la temporalidad por debajo del 8% en las administraciones tras las disposiciones de la UE y que los tribunales europeos ya nos han dado varios toques de atención sobre el abuso de temporalidad en el sector, el problema es claro y lo suficientemente contundente como para que la administración andaluza se ponga las pilas y ponga remedio de inmediato. Cuando se nos sancione desde la Unión Europea todos lloraremos por las esquinas, se echarán la culpa los unos a los otros y pagaremos todos.
La historia reciente y los procesos de estabilización de personal hasta la fecha no han dado los frutos esperados. No podemos achacar a la pandemia su fracaso, puesto que aún con las previsiones anteriores a la pandemia, las cifras no hubieran bajado del 16% de temporalidad en el colectivo (mejor, pero también insuficiente). Las previsiones no son más optimistas hasta la fecha. La tasa de reposición de personal público, puesta por unos y mantenida por otros provoca la disminución paulatina y sin remedio del número de empleados y empleadas y el trasvase finalmente a la iniciativa privada de servicios públicos esenciales y vertebradores de nuestra comunidad autónoma.
La Junta de Andalucía, de forma torticera y para no incrementarlas, estáescudándose en todo tipo de argucias para maquillar sus tasas de temporalidad y hacer frente a la situación. Planes de choque temporales para cubrirpuestos estructurales y vacantes en la administración, contrataciones vinculadas a la emergencia sanitaria que también son estructurales, y, sobre todo, privatización de servicios y empleo precario para toda Andalucía es la respuesta de este gobierno hasta la fecha. Todavía, con estos datos tan contundentes, nuestra Consejería Presidencia, Administración Pública e Interior, con el señor Bendodo a la cabeza, se permite el lujo de dejar plazas desiertas en sus procesos selectivos de Ofertas de Empleo Público no porque el personal no esté cualificado, que lo está y de sobra, sino por una mala gestión de esos procesos.
El balance del equipo de gobierno formado por PP y Cs en estos últimos años en Andalucía da como resultado cierres de centros de menores, cierres de escuelas infantiles, cierres de líneas en centros públicos y privatizaciones de servicios y puestos.
La precariedad en el empleo aumenta sin reducirse los costes de personal y la calidad de los servicios disminuye, una ecuación difícil de soportar para todos los que creemos en los servicios públicos como garantes de equidad social y trabajo decente.
La situación actual es insostenible, y las previsiones nada halagüeñas. Desde CCOO apostamos firmemente por procesos de estabilización reales, con garantías jurídicas suficientes, que cumplan los principios constitucionales de acceso al empleo público y que tengan en cuenta los méritos de una plantilla que lleva muchos años al servicio de la administración pública andaluza y que ha sido garante de la igualdad de oportunidades que debe ofrecer el servicio públicoa todos y todas las andaluzas sin importar condición social ni territorio en el que viva.
La administración debe además establecer cuanto antes los mecanismos sancionadores pertinentes para que sean los responsables de la precariedad los que paguen su culpa y no el personal afectado y contratado en precario.
