Nunca antes España se había interesado tanto por el megavatio! Ahora sí, por el temor a que el dichoso megavatio a 135 ó 140 por hora se coma todo lo comible. Bueno, se lo van a comer las oligopolísticas y superprotegidas compañías eléctricas. No sabemos -el común de los consumidores- lo que encierra en su interior el megavatio, pero tememos lo que vomita: la factura escrita que llegará por su culpa. La temible no ha sido aún impresa en papel. Que se sepa. El gobierno podrá hacer lo que quiera para rebajarles los ingresos a las eléctricas porque recibirá los aplausos de la opinión pública. No así de la opinión publicada porque son, además, poderosas y tienen influencia notable, como es notorio. La limitación del gobierno está en la legislación europea y en el respeto a la legalidad. Pero es evidente que podrá -y lo hará- porque si no no se entiende la respuesta categórica del presidente del Gobierno a preguntas de Pepa Bueno, directora de El País: “Me comprometo: cuando acabe 2021 se habrá pagado de luz lo mismo que en 2018”.
Ya se sabe que los que le pusieron el impuesto al sol tienen soluciones para todo. Cualquier ciudadano con una instalación de autoconsumo debía abonar una tasa para contribuir a mantener el sistema eléctrico de las compañías. Esa sí que era una solución social de los populares. Durante el tiempo que estuvo vigente, ese impuesto tan original -al sol- debía abonarlo cualquier consumidor que tuviera en su vivienda placas solares ¡para el autoconsumo! Ahora tienen soluciones imaginativas para todo. Pero el Salario Mínimo Interprofesional siempre lo consideran excesivo y desestabilizador de la economía.
Se desgañitan -sobre todo los populares madrileños- manifestando que el partido ultraderechista no tiene nada que ver con la subida de la temperatura social en las agresiones homófobas o contra la violencia a las mujeres, que nunca condenan, ni unas ni otras. Tanto hierve el asunto que se ha tenido que convocarse de urgencia la comisión de seguimiento del Plan de Lucha Contra los Delitos de Odio. El incremento - comunicado por la Fiscal General del Estado- fomenta "graves conductas vulneradoras de la dignidad humana y llegan a provocar actitudes violentas”. Este año han aumentado un 47% las de orientación sexual.Los del odio han perdido el miedo. El miedo es del diferente.
