El Gobierno andaluz asegura que "su gestión presupuestaria" desde el inicio de la legislatura propicia que pueda "amortiguar los efectos negativos de las decisiones unilaterales del Gobierno", entre las que contabiliza "un mayor esfuerzo de consolidación fiscal" y "la negativa a articular un fondo de financiación extraordinaria" para atender a las necesidades provocadas por el Covid.
Ambas medidas redundan, a juicio del Ejecutivo autonómico, en "una disminución en la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas respecto al ejercicio anterior", al tiempo que apunta otras reclamaciones como "el pago de la deuda estatal por el Suministro Inmediato de Información del IVA o el tratamiento de la liquidación negativa de 2020".
El elogio de una gestión presupuestaria que el Gobierno andaluz relata caracterizada por "la sostenibilidad y la responsabilidad" para hacer frente a la merma de recursos procedentes de la Administración del Estado trasluce la orientación política del Ejecutivo autonómico con las cuentas de 2022, que lleva a la Exposición de Motivos del anteproyecto de Ley de Presupuestos, publicado la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, al que denomina tercer borrador y está fechado el 29 de septiembre.
En el apartado de los ingresos, el Gobierno andaluz sigue poniendo la lupa sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas, del que reclama "la reforma urgente y necesaria", y al que atribuye "un doble desequilibrio", que describe como vertical y horizontal.
El desequilibrio vertical que retrata la Consejería de Hacienda apunta a "reequilibrar la financiación global que llega desde la Administración Central a las Comunidades Autónomas" con la pretensión de que éstas "puedan alcanzar suficiencia financiera para la prestación de las competencias constitucionales que ostentan".
El desequilibrio horizontal lo sitúa el Gobierno andaluz "en el reparto de recursos entre comunidades", del que subraya que "penaliza especialmente a Andalucía al recibir una financiación por habitante ajustada inferior a la media de las comunidades autónomas", circunstancia que determina "una asimetría que condiciona drásticamente las oportunidades en las comunidades infrafinanciadas" en su meta de "abordar las estrategias de recuperación y convergencia".
FISCALIDAD PARA EL EMPLEO
El Gobierno andaluz presenta su política fiscal para 2022 bajo el rótulo de "nueva fiscalidad para el empleo", cuyo origen sitúa en el inicio de la legislatura en abril de 2019, y de la que traslada se sigue trabajando a través de "la tramitación de medidas legislativas", como la Proposición de Ley de Tributos Cedidos, que se prevé debatir en el próximo Pleno del Parlamento en este mes de octubre.
De esta iniciativa legislativa apunta que se encamina a beneficiar a "las personas más vulnerables con medidas en el ámbito del acceso a la vivienda, las políticas sociales y la ayuda a las familias y a las personas con discapacidad", mientras que subraya que "Andalucía se posiciona entre las comunidades autónomas con mejor competitividad fiscal".
"ANUALIDAD ESENCIAL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE FONDOS ESTRUCTURALES"
El Gobierno andaluz designa 2022 como "una anualidad que será esencial para asegurar la correcta ejecución de los fondos estructurales y de inversión europeos del marco saliente 2014-2020", aspiración a la que suma "los recursos adicionales puestos a disposición por la UE para luchar contra las consecuencias de la pandemia".
Entre estos recursos señala la iniciativa React-EU, de la que indica que "Andalucía recibe más de 1.880 millones de euros hasta finales de 2023".
El Gobierno andaluz argumenta las medidas que ha adoptado para mejorar la gestión de los fondos europeos, entre los que señala la Orden de 30 de mayo de 2019 de la Consejería de Economía para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos para el período de programación 2014-2020, así como la reprogramación y adaptación de todos los programas operativos andaluces del actual marco y medidas de simplificación normativa.
Tras remarcar igualmente la contribución del refuerzo de los recursos humanos para la gestión de los fondos estructurales, como "la red de coordinadores de fondos europeos y la dotación de personal adicional", la Junta traslada que este conjunto de medidas se han traducido en "un incremento notable de la ejecución de fondos, con más de 1.700 millones certificados entre los años 2019 y 2020 y a la espera de los datos finales de 2021".
La Junta de Andalucía recrimina al Gobierno "la falta de información y cogobernanza" sobre los fondos europeos procedentes del nuevo marco de financiación 2021-2027 y del programa extraordinario Next Generation EU, y dentro de éste el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotado con cerca de 70.000 millones, porque "dificulta considerablemente la planificación presupuestaria de las comunidades autónomas".
