Los funcionarios-interventores celebran en Antequera una reunión de coordinación de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA), que ha arrancado este martes y continuará el miércoles, con un de sus objetivos como "la evaluación profunda e integral del sector instrumental andaluz, persiguiendo una mayor racionalización para mejorar la eficacia y eficiencia", en palabras del viceconsejero de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, Jorge Ramírez, en su reflexión en la inauguración del encuentro.
La Consejería de Hacienda, Industria y Energía, explica la Consejería en una nota, tiene el propósito de proponer al Consejo de Gobierno la aprobación del nuevo Reglamento de Intervención, cuya tramitación se va a impulsar de forma definitiva para dotar al régimen de control en la Junta de Andalucía de una norma más actual y habilitante que sirva para modernizar las tradicionales modalidades de la función de control.
El viceconsejero de Hacienda ha aludido al compromiso del Gobierno andaluz con la creación de un cuerpo superior de interventores y auditores que refuerce la especialización y profesionalización de los funcionarios que ocupen los puestos de trabajo destinados al control.
Las jornadas, que se celebran los días 4 y 5 de junio, cuentan con la participación de diversos ponentes: funcionarios-interventores de la propia Intervención General y profesionales de otros ámbitos.
Jorge Ramírez ha recordado que la auditoría que ha encargado el Consejo de Gobierno a la Intervención General ha sido un instrumento esencial para conseguir "el propósito de racionalización de los entes instrumentales y de otras estructuras administrativas".
La auditoría ha supuesto un primer diagnóstico sobre las posibles duplicidades competenciales y sus fines de creación sobre un núcleo inicial de 12 entidades instrumentales de la Junta de Andalucía.
En las jornadas se abordarán otros temas de especial interés y actualidad como la transparencia y la protección de datos personales, y las implicaciones de las reglas de la competencia en la contratación pública.
