Aunque aparentemente parecía una sesión de puro trámite y con únicamente trece puntos en el orden del día, el pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento acabó durando siete horas exactas.
Entre las medidas más destacadas se encontraba el visto bueno al convenio con el servicio provincial de Recaudación, gracias al cual el Ayuntamiento mejoraría sus ingresos en unos 180.000 euros anuales. Sin embargo, este punto quedó sobre la mesa.
La primera polémica saltó con el punto en el que la Asociación de la Prensa de Cádiz pedía cierta complicidad al Ayuntamiento para que no se vulneren los derechos y condiciones de los trabajadores de la prensa local. El grupo municipal socialista volvió a denunciar la presunta orden dada a la emisora de radio municipal para que no se lean las notas de la oposición, asunto que el alcalde dijo desconocer. El propio alcalde, José Luis Núñez, había adelantado días antes del pleno que no se trata de una petición política, sino de un alegato en favor de la libertad de expresión y en contra del intrusismo en la profesión periodística, y que en este sentido encontraría su apoyo y el del equipo de Gobierno. De hecho, Núñez ha ejercido más de tres de décadas como periodista. En este punto, el portavoz de Ai-Pro, Manuel Erdozain, aseguró que durante el anterior mandato el equipo de gobierno socialista ordenó al mencionado medio emitir tan sólo intervenciones de 30 segundos dos veces a la semana, perjudicando claramente a los partidos entonces en la oposición.
El punto que instaba al cumplimiento de la legislación sobre participación de los entes locales en los tributos de la Comunidad Autónoma fue aprobado aunque con la abstención del grupo socialista. Este punto pedía en realidad que la Junta incorpore dentro de sus presupuestos los tributos que tiene que remitir a los ayuntamientos.
Asimismo, todos los grupos votaron a favor de solicitar al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil que proceda a la demolición del antiguo cuartel, ya que el edificio corre peligro de desplomarse por su avanzado estado de deterioro.
En el punto séptimo se abordó una propuesta del delegado de Personal, Carlos de la Barrera (PP) sobre servicios prioritarios; es decir, una propuesta encaminada a determinar qué servicios municipales son los que requieren de alguna contratación especial para su funcionamiento y cuáles son los prioritarios de cara a su mantenimiento. El PSOE votaría en contra.
Por otra parte, se aprobó el calendario de fiestas locales, que pasan al 5 de agosto (festividad de la patrona de Arcos) y al lunes 30 de septiembre (San Miguel), que se considera el día de resaca de la feria. Además todos los grupos votaron a favor de mostrar su rechazo hacia la violencia de género coincidiendo con el 25 N en que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia Machista.
Respecto a la gestión del camping Lago de Arcos, habrá que seguir esperando porque de momento no se ha confirmado que alguna empresa acceda a la explotación de este servicios municipal. Hasta la fecha, sólo una empresa se ha presentado al concurso público sin reunir las condiciones exigidas. El punto, no obstante, volvió a quedar pendiente.
De otro lado, el Pleno tuvo a bien aprobar una modificación sobre las ordenanzas del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), la cual se justifica con la incorporación de los nuevos ingresos procedentes de la revisión catastral llevada a cabo, por ejemplo, en El Santiscal. La novedad es que los vecinos afectados por el aumento de este tributo puedan pagarlo de manera fraccionada para evitar un desembolso importante; eso sí, siempre cuando el IBI supere los 600 euros.
En la recta final de la sesión se abordó la renuncia a la ejecución de la restauración de la muralla de Arcos, con lo cual se pone fin a una actuación para la que el municipio recibió unos 600.000 euros que no fueron justificados y que según el Ayuntamiento habrá que devolver a la Junta como consecuencia de la gestión del anterior gobierno socialista. Si el equipo de Gobierno espera cerrar filas en este asunto, el PSOE se mostró partidario de recuperar la subvención para la ejecución de la obra.
El punto doce del orden contemplaba la aprobación inicial de la modificación puntual del PGOU, en el apartado de la ordenanza relativa a la figura del cortijo. El Ayuntamiento acepta en este sentido la propuesta de clasificación de la Junta, pero incluyendo algunos matices.
El pleno se cerró con otra cierta polémica: la renuncia del concejal del PP Juan Jesús Jaén, hasta ahora delegado de Nuevas Tecnologías y adjunto de Barriadas Rurales, funciones que prácticamente no ha desempeñado durante el último año. La justificación de esta renuncia, según el propio alcalde, es que necesita más tiempo para atender sus compromisos profesionales y artísticos como miembro del dúo musical Killoqué, aunque la oposición se teme otros motivos. El concejal se podría reincorporar estos días a la plantilla de trabajadores como interino.
Jaén dará paso a la siguiente de la lista electoral del PP, Catalina Pérez García.
José Luis Núñez quiso aclarar que no existen otros motivos que los expuestos, ya que el concejal viene sopesando su renuncia desde hace unos meses. Núñez considera a Jaén como “un activo del PP y un referente para sus compañeros”.
Sin embargo, desde el PSOE se criticó al concejal por volver supuestamente de forma ilegal a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento como interino cuando ha dedicado los últimos meses a la actividad política.
Desde el Gobierno municipal se consideró el gesto de los socialistas como una falta de consideración y compañerismo que jamás se ha dado en un pleno coincidiendo con la despedida de un concejal.
A pesar de la polémica, Juan Jesús Jaén abandonó el pleno aplaudido por sus compañeros que estos días le han brindado palabras de cariño y apoyo en su decisión.
