El Pleno municipal ha decidido en sesión extraordinaria conformar una comisión de investigación con la representación de dos integrantes de cada partido político y el alcalde de la ciudad, José Luis Núñez, para esclarecer el uso presuntamente indebido de vales de gasoil en el Ayuntamiento y la presunta irregularidad urbanística de la delegada de Jédula tras realizar la reforma de su vivienda sin la licencia correspondiente.
La cuarta parte mínima de representación en el Pleno del grupo socialista hizo valer la creación de estas comisión, a la que en cierto modo ya se había adelantado el equipo de Gobierno con la investigación abierta sobre algunos trabajadores públicos que hubieran incluso prestado declaración por los primeros hechos citados. Sin embargo, la enmienda presentada por el equipo de Gobierno sirvió para que la investigación sobre el caso del gasoil se extienda a la etapa en la que se instauró el sistema de vales de combustible para los vehículos municipales.
Por unos instantes, el salón de plenos pareció convertirse en una sala de juzgados donde se puso en evidencia que algunos trabajadores del Ayuntamiento han podido utilizar esos vales para uso particular, incluso estando dados de baja o de vacaciones en algún caso, como esos vales se hubieran empleado en los vehículos particulares que determinados trabajadores ponen al servicio del Ayuntamiento.
El debate quedó abierto por el concejal del grupo Ven-T, Antonio Ortiz, quien mostró una cautela total sobre estos hechos al desconocer qué es lo que realmente ha pasado. Incluso se ausentó del pleno.
El portavoz del grupo socialista, fue más allá y consideró sus denuncias “muy graves”, para señalar que su labor es fiscalizar la gestión del Gobierno y el uso del dinero público, así como velar por el cumplimiento de la legalidad. El uso de vales de gasoil es una práctica extendida en el Ayuntamiento desde hace décadas, sin embargo, según el PSOE, las denuncias de algunos particulares han levantado un caso en torno al uso del dinero público, para apuntar incluso al pago de horas extraordinarias de trabajo con esos vales de gasoil.
El portavoz del grupo socialista, Isidoro Gambín, aseguró se han expedido vales de gasoil a terceros que incluso lo desconocían, y que y se arreglan vehículos particulares con medios públicos.
Sobre el caso de la delega de Jédula, que pidió al Ayuntamiento una licencia de obra menor para una obra que finalmente se convirtió en mayor, el grupo también cree que se trata de “un hecho muy grave de un cargo público y sancionable”. Gambín pidió incluso la dimisión de Petri Macías, del grupo Ai-Pro.
Este grupo lamentó que su homónimo socialista “se retratara” acerca de los problemas que preocupan al grupo opositor cuando el gran problema de la calle es otro, principalmente el desempleo, “por el que este equipo de Gobierno lucha a diario”. En otros términos, criticó que el PSOE quisiera sacar rédito de estos asuntos sin llevar al Pleno los problemas de los ciudadanos”. Pero sobre todo, Erdozain lamentó que el grupo opositor fuera contra “la honorabilidad de los trabajadores del Ayuntamiento”, así como que el grupo socialista se basara en conjeturas más que en hechos probables. Sin embargo, el representante de Ai-Pro dijo que votaría a favor de la investigación, no sin lamentar que el PSOE no haya abierto en la Junta las comisiones de investigación reclamadas para aclarar asuntos como el de los ERES fraudulentos.
El delegado insistió en que no hay nada que esconder sobre estos asuntos. Acerca del caso de su compañera delegada, lamentó que se trate el Pleno como un salón de justicia, para reconocer que la edil no disponía de la licencia correspondiente para la obra particular, pero puso una vez más en evidencia que el PSOE no llevara a cabo una investigación sobre 1.000 expedientes de construcciones ilegales durante sus años de gobierno. De esos 1.000 expedientes de sanción, sólo 61 hubieran sido tramitados.
El portavoz del PP, Sebastián Ruiz, se mostró más explícito para señalar que el 16 de abril pasado se inició un expediente informativo al comprobar el equipo de Gobierno que los vales de gasoil se podrían haber utilizado coincidiendo con bajas laborales y periodos vacacionales.
El 22 de abril, por registro municipal, entró en el Ayuntamiento la petición de una investigación contra la concejal Petri Macías, es decir, seis días después. Con ello, el portavoz del grupo popular quiso explicar que el propio ejecutivo viene investigando estos hechos con la ayuda de los abogados del Ayuntamiento. Así, Ruiz mostró el voto favorable a la investigación porque “es el primero en dar ejemplo de transparencia”, no así -lamentó- el grupo opositor bajo su gobierno con subvenciones para los proyectos millonarios inacabados y que nunca se justificaron.
Sobre el caso de Petri Macías, admitió la irregularidad a la que deberá hacer frente “como todo hijo de vecino”, explicó Ruiz.
En el turno de réplicas, el portavoz socialista,habló de nuevo de “una situación muy grave”, para acusar a Erdozain de estar implicado en estos hechos, incluso preguntándole directamente al concejal si ha utilizado personalmente los vales de gasoil. Asimismo, Gambín dijo que el grupo socialista no va contra los trabajadores y que “sólo quiere saber quién da las órdenes”.
De nuevo, Erdozain retó a Erdozain a que demuestre sus acusaciones en el Pleno, incluso puso su cargo de primer teniente de Alcalde a disposición del Pleno si el PSOE demuestra que ha actuado ilegalmente. “Presento mi dimisión si he echado un decilitro con vales de gasoil”. diría.
¡Al juzgado!
Erdozain le pidió al socialista un intercambio de dimisiones sobre estos hechos porque también llevará a Gambín a los juzgados “por difamación”. Manifestó que “esto es de vergüenza” y que su honradez “no se la tocará nadie”. “La culpa la tenemos nosotros por no haber llevado a los juzgados los millones y millones malgastados en la etapa del PSOE, millones a destajo”. “Buscan la bajeza, la suciedad, la mentira, la difamación y la injuria porque no tiene nada que ofrecer”, y acusó a la bancada socialista de tener miembros “acusados” en determinados casos judiciales, como la anterior alcaldesa y el exdelegado de Urbanismo.
El portavoz del PP explicó que desde 1999 no ha sentido tanta vergüenza en un pleno, del que dijo se ha convertido en un “Sálvame deluxe malo”, y pidió “basta ya de chismorreos y palabrería”, para reivindicar más trabajo en pro de los ciudadanos y criticar el despilfarro de 40 millones en la etapa socialista.
El alcalde se reiteró en que la investigación está en marcha y dijo que personalmente no tiene absolutamente nada que esconder. Pero pidió que el PSOE reclame investigar el dinero de las subvenciones no ejecutadas.Núñez (PP) concluyó entristecido porque “el dinero de los parados se lo hayan llevado otros sin comisión de investigación”, señaló una vez más sobre los ERES andaluces.
Concluyendo este tema, el PSOE pidió que los delegados afectados no estén presentes en la comisión de investigación. El Gobierno sostuvo en todo momento que la única intención del grupo socialista ha sido dañar su imagen con este pleno y “dar un titular a la prensa” para los próximos días.
PSOE y Ai-Pro eligen a sus representantes en la Mancomunidad
El Pleno municipal vivió una segunda sesión extraordinaria en la que quedaron elegidos los representantes tanto del PSOE como de Ai-Pro en la Mancomunidad de la Sierra en virtud a la aprobación reciente de la reforma de estatutos en la institución comarcal. El PP, como cabía de esperar, no ha nombrado representante alguno como medida de presión hacia el gobierno serrano para que éste se siente con el PP y aborde la actual situación de la política comarcal, pues el PP entiende que la Mancomunidad no presta los servicios que debiera, para cuestionarse en qué repercute el trabajo de la institución en Arcos. El PP “deja sus escaños en blanco en la Mancomunidad” , diría el alcalde presidente del Pleno, José Luis Núñez.
El último punto del orden fue para ratificar el segundo plan de ayudas a los emprendedores que pone en marcha el Gobierno municipal con 70.000 euros, beneficiando a 70 empresas a razón de 1.000 euros para cada una. Con ello se pretende incentivar la creación de empleo y riqueza desde la óptica pública.
