Sólo en la provincia de Cádiz hay más de 28.000 personas que no tienen derecho a votar ni siquiera en las elecciones municipales que se van a celebrar el 28 de mayo. Se trata de los residentes extracomunitarios en Cádiz y en toda España
Se trata de vecinos y vecinas nuestras que viven y trabajan en nuestros pueblos y ciudades y que pagan sus impuestos como cualquier otro vecino. Y sin embargo estas personas, estos vecinos y vecinas, no tienen reconocido el derecho al voto que es parte fundamental del reconocimiento de la ciudadanía.
Los requisitos que establece la legislación para que un extranjero pueda votar en España son tres. El primero y más importante es que sólo podrán optar a este derecho quienes sean nacionales de un país con el que España haya firmado un convenio o “tratado de reciprocidad en materia de voto municipal”, de manera que los españoles residentes en ese país tengan, también, el derecho de sufragio activo. El segundo, en importancia, es que tengan su “tarjeta de residencia en vigor” y que hayan residido legal e ininterrumpidamente en España en los últimos 5 años. En tercer lugar, deberán manifestar su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo (condición común también para los votantes comunitarios) mediante su “inscripción expresa en el Censo Electoral”.
Estos requisitos son enormemente limitativos. Los tratados de reciprocidad, por ejemplo, sólo se han firmado con 13 países: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Algunos con muy escasa presencia en nuestro país. Ello deja fuera a más de 80 nacionalidades, entre ellas los nacionales de Marruecos y China que suponen el 40% del total de extranjeros en España.
Aunque puedan suponer cierto avance, la vía de reconocimiento del derecho al voto a través de estos tratados adolece de graves carencias, es una vía muerta. En teoría España tendría que suscribir tratados con todos y cada uno de los países de los residentes extracomunitarios si se quisiera reconocer a todos ellos estos derechos, lo que es de una dificultad extrema teniendo en cuenta que en España residen personas de más de 90 países que no pertenecen a la UE. Y además difícilmente es posible firmarlos con países autoritarios donde posiblemente ni existan elecciones
La inscripción obligatoria es otro de los problemas, que va contra la filosofía de nuestro sistema electoral donde todos los ciudadanos quedan automáticamente incluidos en el censo sin que tengan que hacer ninguna gestión. Y además es que no existe razón técnica que haga necesario un registro previo de las personas extranjeras residentes. Para colmo los plazos para inscribirse están muy alejados de la campaña electoral (terminaron el 15 de enero). Un momento en el que no hay candidaturas ni ambiente electoral que pueda estimular la participación. Tampoco la falta de información de la Administración y la poca atención prestada por partidos políticos y ONGs ayuda a promover las inscripciones.
Con todas estas trabas finalmente sólo podrán votar el próximo 28 de mayo menos de un 30% de la población extranjera residente en España. Y de ella no supera el 4% los que son extracomunitarios.
De ahí la pertinencia de la campaña “aquí vivo aquí voto”, que está desarrollando la APDHA en el marco de la presente convocatoria electoral municipal. Porque negar el derecho al voto a una parte de la población es una grave anomalía democrática. No existe una democracia plena sin un sufragio universal real, que incluya a todos los miembros de la comunidad sociopolítica, algo que no ocurre si no se les reconoce a los residentes extracomunitarios sus derechos de participación política.
Eso es lo que pretende la campaña: que se hagan las modificaciones legales necesarias para que el derecho al sufragio sea un derecho universal real que no excluya a nadie, ni cree ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
