Aunque ya había oído rumores sobre la supresión de los entes supramunicipales, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de La Janda, Lucía Torrejón, se enteró este jueves por la prensa del “brusco” anuncio realizado por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, de que el Estado suprimirá todas las 1.432 mancomunidades existentes en el país, cinco de las cuáles se encuentran en la provincia de Cádiz.
“Desde hace tiempo se viene hablando de este tema, pero creo no son formas de anunciar una decisión que afecta a tantas personas y servicios”, ha declarado a este medio la presidenta del ente supramunicipal jandeño. Y es que para Lucía Torrejón es “absolutamente necesario” que “acompañando a este anuncio se perfile un esquema de cómo se piensa afrontar este proceso”.
“No se puede decir que se van a suprimir las mancomunidades sin más; tiene que haber una reforma consensuada con todos los grupos y en la que el diálogo con los ayuntamientos afectados sea esencial”.
Hay que tener en cuenta, a juicio de Torrejón, que “las mancomunidades ofertan muchos y variados servicios que los ayuntamientos no pueden afrontar y es importante que estos servicios a los ciudadanos no se vean mermados por una reforma brusca en las administraciones”. En esta línea, añade la presidenta del ente jandeño, “soy consciente de que hay duplicidad entre las administraciones, pero habría que valorar qué administración presta mejor un servicio que se oferta doblemente y para ello es muy importante conocer la opinión de los ayuntamientos”. “Las mancomunidades se caracterizan por ser entidades cercanas a los ayuntamientos y a los ciudadanos y, en este sentido, y aunque comparten rasgos, líneas de actuación, pueden prestar mejores servicios que las diputaciones”, afirma Torrejón.
Finalmente, la presidenta de la Mancomunidad de La Janda ha declarado que “si la supresión de las mancomunidades está decidida sin llevar a cabo antes un estudio”, como había anunciado el mismo secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta el 19 de junio, “que nos lo cuenten y nos digan cómo se piensa hacer” porque “los afectados -que no es mi caso porque ser presidenta sólo es un cargo- que son los trabajadores, los ayuntamientos y los ciudadanos que se benefician de los servicios que ofertan las mancomunidades; tienen derecho a saber a qué atenerse”.
“Incertidumbre”
La noticia del ‘cierre’ de las mancomunidades, como es lógico, no ha caído muy bien entre los trabajadores del ente en la comarca de La Janda, que aseguran que se enfrentan a un momento de “inseguridad e incertidumbre”. “Estas no son formas de hacer las cosas, tenemos derecho a ser informados de qué, cómo y cuándo se piensa llevar a cabo este anuncio”. “No se puede lanzar la noticia sin más, somo muchas las familias que trabajamos y dependemos de estas administraciones”, declaraban ayer a este medio.
Aunque es cierto que, como ha declarado Lucía Torrejón, “he informado a los trabajadores extraoficialmente de las noticias que me iban llegando al respecto”, el anuncio ha caído como un jarro de agua fría. Tal es así que “se hará presión, protestaremos y haremos lo que haga falta para que si se hace la reforma, se haga bien y no por la espalda”, avisaba personal del ente supramunicipal.
Beteta: “Se hará de todos modos, aunque no haya acuerdo”
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció el miércoles que el Estado suprimirá todas las mancomunidades y ha recordado que las Diputaciones asumirán las competencias de aquellos ayuntamientos que no cumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
En una rueda de prensa posterior a la presentación del ‘Estudio de la Autorización Ambiental Integrada’, Beteta ha explicado que esta decisión se enmarca en el contexto de reforma de la Administración Local que ha presentado el Gobierno y que quiere pactar con el PSOE y otros partidos políticos.
“Se trata de una racionalización que traerá importantísimos ahorros que se cuantificarán en el momento en el que se termine de cerrar la negociación política”, ha señalado Beteta, quien ha advertido de que, en el caso de que no haya acuerdo, “se hará de todos modos”.
Así, ha avanzado que las mancomunidades (entidad legalmente constituida por agrupación de municipios) “se suprimirán todas”, mientras que las Diputaciones gestionarán las competencias municipales de aquellos ayuntamientos que, al incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no puedan prestar “con eficacia y eficiencia” los servicios públicos.
Beteta ha señalado, asimismo, que la eliminación de las mancomunidades traerá consigo la supresión de cargos públicos y que, a través de la Ley de Transparencia, “se procederá a una racionalización y homogeneización de los distintos niveles salariales”.
También se ha referido a un informe realizado por el Instituto de Estudios Fiscales “que demuestra que es 20 veces más barato la prestación de un servicio global por parte de una Diputación a los municipios pequeños, que la prestación individualizada de los mismos”.
“El Gobierno entiende que no es en absoluto exigible la supresión de municipios, pero sí es exigible que todos los municipios cumplan con la estabilidad presupuestaria, que gasten sólo lo que ingresan”, ha subrayado en secretario de Estado de Administraciones Públicas.
En este sentido, ha indicado que, “en el largo proceso del pago a proveedores” se ha detectado que unos 3.000 ayuntamientos, de los 8.116 existentes, no han cumplido con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en consecuencia, “no podrían seguir gestionando sus propios intereses”.
“Se trata de redefinir las competencias y establecer claramente cuáles son las competencias propias que tienen los ayuntamientos y la obligación de cumplirlas con los recursos propios”, ha explicado.
Una vez que tengan satisfechas estas competencias con sus propios recursos -ha comentado- “podrán pasar a negociar competencias que son propias de las comunidades autónomas a través de convenios”.
