La concejala de Derechos Sociales, Dolores García, destacó “la tremenda importancia que la aplicación de la Ley de Dependencia está teniendo para mejorar las condiciones de vida de las familias”, no ya sólo de las propias personas dependientes. “Y, por añadidura, genera unas consecuencias de empleo muy positivas en la actual situación económica”, resaltó.
Al empleo generado en la empresa privada, hay que añadir tres trabajadores sociales y un administrativo que desarrollan su trabajo en el Ayuntamiento desde que comenzó a aplicarse la ley, más recursos municipales propios que igualmente aportan su labor día a día. En total, los recursos humanos destinados a la Ley de Dependencia suman una inversión de 300.000 euros anuales.
Y el presupuesto que destina el Ayuntamiento a la ayuda a domicilio, aún no cubierta por la ley, es de 150.000 euros al año. “Una partida que se mantiene por decisión expresa de la Alcaldía, ya que actualmente no obliga a ello ninguna normativa”, explicó García. El Ayuntamiento ha recibido hasta el momento 1.623 solicitudes para el reconocimiento de los nuevos derechos sociales.
