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Barbate

Ecologistas presenta una denuncia ante la Fiscalía por la acampada

La Fiscalía requeriría al alcalde toda la documentación y permisos relacionados con el festival y lo pondrán en conocimiento del Seprona, según los ecologistas

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Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por la acampada prevista con motivo del festival Cabo Plata en Barbate (Cádiz), donde se espera que unas 30.000 personas puedan acampar sin autorización de la Junta de Andalucía por encontrarse próximo al Parque Natural de la Breña y ante la normativa de prevención de incendios, que establece que en los montes de titularidad privada --como es el caso del recinto elegido-- se prohíbe acampar en las épocas de peligro medio y alto de incendio fuera de las áreas especialmente acondicionadas para ello.

Según ha indicado a Europa Press la portavoz de Ecologistas en Acción, Lola Yllescas, han aportado la documentación ante la Fiscalía, que les ha señalado que darían conocimiento al Seprona y al alcalde de Barbate, Miguel Molina (PA), a quien requerirían toda la documentación y permisos relacionados con el festival.

Yllescas ha alertado del "peligro" que supone una acampada de esas dimensiones colindando con un parque natural y ha calificado de "demencial" meter 30.000 personas cuando la población del municipio apenas supera los 20.000 habitantes.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía reiteró este martes por escrito al Ayuntamiento de Barbate que la acampada prevista con motivo de la celebración del Festival Cabo de Plata entre los días 1 y 3 de julio "no es legal".

Además, la Junta envió un oficio a la Subdelegación del Gobierno informando de todo el procedimiento seguido y de las advertencias por escrito realizadas a la autoridad local al hilo de las competencias municipales para autorizar o no este evento.

Además, indicó que el Gobierno andaluz mantendrá sus actuaciones en lo que respecta a los expedientes sancionadores que se puedan iniciar por los diversos incumplimientos normativos, así como los requerimientos a promotores y organizadores y las posibles prohibiciones de uso de los espacios de titularidad pública.

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