La Asociación Profesional de Empresas de Actividades Marítimas de la Provincia de Cádiz (Apemar) ha salido al paso de las actuaciones de la plataforma No a los graneles, integrada por catorce colectivos, para reivindicar la “inocuidad” de la actividad, asegurando que el 43% de la mercancía sólida movida en La Cabezuela-Puerto Real hasta abril corresponde a cereales y harinas, “productos absolutamente inofensivos”.
Asimismo, recuerdan que la manipulación de sal, piensos, forrajes, arena de sílice, abonos y potasas o astillas de madera, junto el cemento y el clínker, está sometida a una regulación y autorización previa por parte de la Junta.
“Las empresas cumplen escrupulosamente con la ley autonómica que regula la calidad del aire”, afirman, y remarcan que se han instalado pantallas de protección y disponen de cañones móviles de pulverización de agua y dos barredoras de arrastre con aspiración.
Finalmente, subrayan que las concesionarias, que general alrededor de 10.000 empleos, han invertido 100 millones en naves de almacenamiento y grúas móviles.
Sin embargo, Daniel López Marijuán, portavoz de Ecologistas en Acción, cuestiona los argumentos al indicar que las partículas aparentemente inocuas como las señaladas por la patronal pueden salvar la barrera pulmonar y llegar a la sangre al ser inhaladas, especialmente aquellas que tienen un tamaño inferior a 2,5 micras. Sobre los controles efectuados por la Junta, denuncia que los valores límite de calidad del aire están desfasados y habría que equipararlos a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos. Por último, subraya que solo las descargas de graneles en circuitos cerrados garantizan la no afección a la salud, dado que las pantallas son ineficaces con viento enérgico de levante.
