La tasa turística existe ya en 160 ciudades europeas y los defensores de la misma sostienen que “no ha supuesto una bajada de la afluencia turística”. En España, el gravamen existe en Baleares y Cataluña creado mediante leyes autonómicas.
Pero en Andalucía, donde los alcaldes de Sevilla, Málaga y Cádiz, pertenecientes a PSOE, PP y Adelante, están promoviéndola, se han encontrado con el no rotundo del Gobierno de Juanma Moreno, que aduce que, tras la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 que llevó a restringir la movilidad, el sector registra cifras récords de viajeros pero no les salen las cuentas, dadas las consecuencias de la pandemia y la guerra que han disparado la inflación.
Con estos mismos argumentos, el PP rechazó una iniciativa presentada por AxSí, que pese a la negativa del grupo popular, salió adelante, en el Pleno de la Diputación de Cádiz. Los andalucistas instaban a la institución provincial a reclamar a la Junta de Andalucía a estudiar la viabilidad de la tasa y a elegir entre la opción de impulsar una normativa autonómica como en Baleares y Cataluña o acordar con el Ministerio de Hacienda la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En el caso de la primera alternativa, los partidos y alcaldes partidarios de la tasa son reacios. Por una parte, el referente catalán, establecido en el Impuesto de Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) contempla que el 70% de los ingresos recaudados por el tributo van a parar al Gobierno autonómico y solo el 30% se dirige a los ayuntamientos, lo que consideran insuficiente para garantizar que el dinero revierte en la recuperación y mantenimiento del patrimonio natural e histórico y en el refuerzo de los servicios públicos, resentidos por el incremento en dos o tres veces, y más en algunos casos, de la población en los picos de afluencia. No en vano, Ada Colau, primera edil de Barcelona, decidió antes de la pandemia añadir un suplemento municipal al IEET.
El regidor sevillano, Antonio Muñoz, contempla, por el contrario, la posibilidad de pactar con el Ministerio de Hacienda modificar la ley para que la tasa sea un tributo municipal, burlando de este modo el rechazo de la Junta de Andalucía, lo que le permitiría ingresar hasta siete millones de euros al año. Los defensores del gravamen ven con buenos ojos la maniobra.
