Los diputados franceses debaten una proposición de ley destinada a reforzar la lucha contra la violencia machista, que incluye la creación del delito de “violencia psicológica” para castigar el acoso moral de un miembro de la pareja con el otro.

“La violencia psicológica puede ser muy destructora. Algunas mujeres en esta situación se suicidan o caen en una grave depresión. De las 80.000 llamadas recibidas en el número de urgencia para las mujeres, el 84% son por violencia psicológica”, aseguró la secretaria de Estado de la Familia, Nadine Morano.

La responsable de Familia indicó la pena para estos delitos “sea cercana a la impuesta por violencia física”.

Esta medida ha provocado una gran polémica en Francia y amenaza con romper la unanimidad en el seno de los dos principales grupos parlamentarios, la conservadora UMP y el opositor Partido Socialista.

La Unión Sindical de Magistrados (USM) ha señalado que esta medida no tiene más que fachada ya que sería muy difícil demostrar este tipo de delitos, como ocurre en la actualidad con los casos de acoso moral. “Ya tenemos dificultad para demostrar los casos de acoso moral e incluso de violencia física en la pareja.

Para Morano, “los testimonios, los certificados médicos, las cartas, la grabación de mensajes telefónicos, los correos electrónicos pueden constituir un ramillete de pruebas que permitan al juez decidir”.

BRAZALETE ELECTRÓNICO

El proyecto incluye también la experimentación del brazalete electrónico antes de finales del primer semestre del año.

“Este dispositivo permite alertar a la víctima cuando su ex pareja se acerca a ella”, aseguró Morano a Le Figaro.
Ausente en la proposición inicial, el brazalete electrónico fue incluido a petición de la ministra de Justicia, Michèle Alliot-Marie, que se inspiró en el caso español.

Conectado por GPS, el brazalete permite a las fuerzas del orden conocer el emplazamiento exacto del agresor y saber si burla las medidas de alejamiento de su ex pareja.

Junto a estas dos medidas, la proposición de ley introduce también la creación de una orden de protección dictada de urgencia por el juez de asuntos familiares y destinada a salvaguardar a la víctima de la violencia en los cuatro meses siguientes a la agresión, hasta que se decidan otras medidas más duraderas.