La Diputación de Cádiz reclama a la Junta de Andalucía el pago de una renta por la ocupación de la Audiencia Provincial, o bien establecer un plazo para la entrega de este inmueble. La institución que preside Juan Carlos Ruiz Boix ha realizado una tasación sobre este edificio, evaluando el mercado de alquiler y ponderando los factores que revalorizan o deprecian el cálculo de su arrendamiento. Según dicho estudio técnico, el uso del inmueble comporta un pago de 26.144,61 euros mensuales equivalentes a 313.735,32 en el cómputo de un año.
Con anterioridad a esta reclamación el presidente de Diputación envió, en la primera semana de octubre, una carta al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, con el propósito de “encontrar vías de solución” al uso de la Audiencia. El inmueble fue objeto, en el año 2008, de dos acuerdos entre las instituciones provincial y autonómica: uno de permuta y otro de arrendamiento. El edificio era una de la piezas clave en el intercambio de propiedades que permitía a la Junta disponer de los terrenos comprendidos entre las calles Brunete, Tolosa Latour y Granja San Ildefonso. Dicho suelo era el emplazamiento proyectado para asentar la Ciudad de la Justicia; una localización que ha sido finalmente “desestimada” por la Junta y que “genera un flagrante perjuicio para los intereses de Diputación”, según afirma Ruiz Boix en la misiva dirigida al consejero Nieto.
Diputación y Junta de Andalucía suscribieron el 22 de octubre de 2008 un contrato de arrendamiento sobre la Audiencia Provincial. En virtud de este documento administrativo se concedía un plazo de cuatro años para que la administración autonómica erigiera la Ciudad de la Justicia sobre el suelo descrito y en el que se ubicaba la sede del Instituto Nacional de Empleo. En el acuerdo se consideraban dos inmuebles: el solar dispuesto por Diputación de una superficie de 8.388 metros cuadrados valorado en 3.047.149,62 euros; y la sede de la Audiencia, aportada por la Junta, que sumaba un área de 2.178 metros cuadrados tasada en 4.171.438,58 euros. La diferencia a favor de la Junta –de 1.124.284,96 euros- se compensaba con un contrato de alquiler durante cuatro años, si bien Diputación no percibiría renta alguna en dicho plazo.
“La realidad es que una vez transcurridos diez años desde el 2012 la Junta okupa, con k, un edificio que es de la Diputación de Cádiz y cuyo precio de alquiler, según los técnicos, supera los trescientos mil euros al año”, deduce Ruiz Boix. El presidente de la institución provincial asegura que, de percibir esa cantidad (más de tres millones en la década 2012-2022) se dedicaría a financiar políticas activas de empleo, “como por ejemplo un nuevo programa que estamos diseñando para dar sus primeras oportunidades laborales a jóvenes universitarios”.
A pesar de que el objeto del contrato no se hizo efectivo, el acuerdo se prorrogó al mantenerse su finalidad esencial: el traslado de los servicios judiciales de la Audiencia a la Ciudad de la Justicia una vez que se materialicen las nuevas instalaciones. Esa situación se quiebra –según se desprende de un informe jurídico de Diputación- cuando la Junta desestima el suelo de la calle Brunete como sede de la Ciudad de la Justicia y sobre todo cuando, en este año 2022, el gobierno autonómico reconoce que al nuevo destino elegido –en los antiguos depósitos de Tabacalera- no se mudarán ni lo servicios judiciales de la Audiencia Provincial ni la Fiscalía existentes en el inmueble de la Cuesta de las Calesas.
Esta nueva coyuntura ocasiona un “desequilibrio económico” para la Diputación de Cádiz –según expresa el citado informe jurídico- que “desnaturaliza” el acuerdo entre instituciones alcanzado en 2008. En la práctica la finalidad del contrato se queda sin tiempo determinado y sin contraprestación alguna.
A tenor de la situación descrita “Diputación debe restablecer un pago de renta por la ocupación de la Audiencia, o bien acordar con la Junta un plazo para que entreguen el inmueble”, aduce Ruiz Boix. En caso de no avenirse a un entendimiento “solicitaremos una declaración judicial” para que se haga efectivo uno de los dos propósitos planteados.
Juan Carlos Ruiz Boix defiende esta reclamación por “una cuestión de respeto al buen uso del patrimonio y los recursos públicos de la Diputación”, al tiempo que ha recordado que la institución provincial mantiene varios de sus servicios dispersos en diferentes sedes por las que abona un alquiler. “Es de un elemental sentido común que la Junta debe entender, considerando que casi todas las sedes judiciales se asientan en inmuebles que no son de su propiedad y por los que pagará un precio”.
