La Bahía de Cádiz no había vivido desde los años ochenta una “movilización tan brutal” como la de los nueve días de ruido, furia y una negociación durísima por el nuevo convenio del sector metal.
Los trabajadores iniciaron el 16 de noviembre una huelga indefinida que acabó llevando a las calles a miles de gaditanos que simpatizaron con las reivindicaciones de los empleados de una actividad que ha marcado la historia de Cádiz, Puerto Real y San Fernando. La participación de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) también fue clave, pese a no contar con representación en los comités de empresa.
Pero, lo que sin lugar a dudas marcó un punto de inflexión, fue la actuación del Gobierno de España, que autorizó la presencia de una tanqueta en las calles de la capital durante los disturbios y, lo que generó un rechazo unánime, en la barriada del Río San Pedro, en el entorno de un colegio justo a la hora en la que comenzaban las clases.
La arenga del alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, a los afectados y la detención de nueve personas, que abrió un agrio debate sobre la Ley Mordaza, marcaron un conflicto que se resolvió con “un esfuerzo tremendo” de la patronal al término de una dura negociación con los sindicatos CCOO y UGT, que se mantuvieron firmas, al aceptar la revisión salarial consolidada en tablas hasta 2023 y la retroactividad hasta 2025.
“Hicimos un esfuerzo y la situación hoy es crítica”
José Muñoz, secretario general de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca), lamenta la “utilización política de la huelga, con la participación de algunos grupos radicales que no tenían nada que ver con los trabajadores del sector”.
Pero, mientras “algunos colectivos estaban llevando a cabo acciones tan desagradables” en las calles, la patronal “mantuvo la interlocución con CCOO y UGT. No fue fácil. De hecho, remarca, “fue tremendamente llegar a un acuerdo”. “Las empresas -agrega- hicieron un sacrificio muy importante, tremendo”, que hoy pasa factura. “No controlamos el IPC, que está muy ligado a la invasión de Ucrania”, explica, de manera que la subida firmada ligada a la inflación acarreará incrementos salariales de hasta un 6%. Y los costes de materiales “no podemos repercutirlos a nadie, van directamente a pérdidas”.
De manera que, advierte, muchos subsectores se encuentran en “una situación crítica”. Muñoz remarca que, de las 5.000 empresas que hay en la provincia, con 30.000 trabajadores, solo 47 tienen más de 250 empleados en sus plantillas. El margen de beneficio es muy limitado en muchas ocasiones, inexistente en otras.
El Perte Naval, por su parte, instrumento planteado por el Gobierno de España con fondos de la Unión Europea para impulsar la actividad, cuenta únicamente con 350 millones de euros de aportación pública; el resto, hasta los 1.400 millones, debe aportarlo el sector privado, de modo que no parece que “se haya tenido el tamaño de la empresa” ni tampoco “la intensidad de la mano de obra”, aunque sea preciso invertir en tecnología.
“Está enfocado al astillero”, añade. Y, por eso, dice, “es mejor contar con un Perte naval que no disponer de ello”.
Las empresas tractoras del sector, con Navantia al frente, infunden optimismo con matices. Muñoz señala que “la factoría de la capital cuenta con una carga de trabajo bastante estable”. La construcción no es inminente, sin embargo.
De acuerdo a la información facilitada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la construcción de los buques auxiliares para la Royal Navy del Reino Unido no compensará hasta 2025. “Nos preocupa el futuro a corto plazo”, admite.
No obstante, ofrece la colaboración de la patronal a la empresa pública para trabajar en un plan estratégico e impulsar las líneas de actuación en energía verde, así como en las instalaciones de Rota, además de la actividad comprometida y la reparación de cruceros.
“Queremos trabajar en el nuevo convenio desde ya”
El secretario general de FICA UGT en la provincia de Cádiz, Antonio Montoro, espera que, antes de final de mes, sindicatos y patronal del sector del metal sienten las bases de una nueva mesa de negociación del próximo convenio para evitar otro “choque de trenes” como el que sufrió la Bahía de Cádiz hace un año.
“Sin carga de trabajo ni convenio justo, la gente se cansó”, explica Montoro para explicar el fenómeno que sacudió toda España con “nueve días de batalla campal” en las calles de la capital.
“La primera propuesta, a la baja, de los representantes de las empresas, fue el detonante”, apunta, por su parte, Juan Linares, homólogo de Montoro en CCOO y, con él, protagonista de una negociación que fue durísima. “La movilización nos dio fuerza”, recuerda.
“Lo complicado no es salir (a la calle)”, tercia Montoro, “sino volver a los centros de trabajo”. Para ello, renunciaron a dormir durante una semana y media. Mantuvieron contacto permanente con los delegados para establecer los márgenes de la negociación y marcaron las líneas rojas: revisión salarial consolidadas en tablas, para atajar la pérdida de poder adquisitivo una vez que el precio de la luz se había disparado y la subida del IPC aceleraba su incremento y amenazaba, como hizo, con desbocarse; y, por otro lado, el pago de los atrasos por la caducidad del convenio.
Consiguieron finalmente todos los objetivos marcados y, además, lograron dos años de ultraactividad. “Establecimos un modelo de convenio para toda España”, se jactan ambos dirigentes sindicales. Y también se muestran igualmente satisfechos por el grado de cumplimiento de los compromisos suscritos entre los representantes de los trabajadores y la patronal.
Linares coincide, no obstante, en el diagnóstico de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) respecto al descuelgue por parte de algunas empresas, que “obliga a trabajar doce horas los 365 días del año para conseguir un salario digno”, y problemas derivados de la aplicación del contrato fijo discontinuo tras la reforma laboral liderada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Todo ello, apunta, en el sector naval, “que sigue regido por la ley de la selva”. Y acusa a Navantia, principal empresa tractora, de permitir en sus instalaciones “jornadas interminables mientras que las subcontratas abaraten el precio de las horas extras”. Todo ello, agrega, “prostituye el convenio”.
Antonio Montoro considera, al respecto, que es preciso que la Inspección de Trabajo se involucre con más celo para garantizar los derechos adquiridos por los empleados. En la actualidad, la lentitud de la Administración ante las irregularidades detectadas y denunciadas es desesperante y desprotege a los trabajadores. “Esta misma semana se ha fijado un juicio para 2025”, exclama.
“No llevamos metralleta, buscamos soluciones”
Diego Rodríguez, portavoz de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), niega que la organización “sacara a nadie a la calle, ni fuimos con una metralleta debajo del brazo”. Pero “sí impulsamos la movilización” porque la patronal puso sobre la mesa una oferta a la baja, cuando se abrió la negociación del nuevo convenio, que “encendió la mecha”.
“Los acuerdos no se habían cumplido en los últimos 30 años”, asegura, lo que llevó a la CTM a denunciar de manera sistemática “los abusos sistemáticos de las empresas”. Los ánimos estaban muy caldeados. La propuesta planteada a los representantes de los trabajadores “legalizaba unas condiciones de esclavitud”, sostiene. El conflicto estaba servido.
Rodríguez valora la simpatía que se granjearon los manifestantes tanto en Cádiz como en Puerto Real, donde se desarrolló el grueso de las protestas, porque “astilleros forma parte de la historia de la Bahía” y las reivindicaciones eran compartidas.
Finalmente, se alcanzó un acuerdo que, a día de hoy, tampoco se respeta, en su opinión. “Se siguen echando muchas horas con la reparación de los cruceros de Navantia en Cádiz”, advierte. Y no se están pagando a su precio real, lamenta. Entre otras cosas, porque la normativa permite el descuelgue del convenio. Tampoco se cumple el horario de verano, según CTM.
Y, aunque no tiene que ver con el documento suscrito por la patronal y los sindicatos CCOO y UGT, la situación se ha agravado con la reforma laboral, dado que la sustitución del contrato por obra y servicio por el fijo-discontinuo impide, igualmente, que los empleados sumen antigüedad y, además, continúen con la precariedad laboral.
“Se tendría que obligar por ley la contratación al menos durante ocho meses al año”, propone CTM en una reciente carta abierta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, publicada en sus redes sociales.
Ante esta delicada coyuntura, el portavoz de la organización defiende la línea de actuación política abierta con la defensa de las demandas del colectivo en las cámaras de representación de las instituciones.
En este sentido, expresa su satisfacción por los debates propiciados en los plenos municipales de la Bahía de Cádiz, Diputación, el Parlamento de Andalucía o el Congreso de los Diputados de sus demandas, con la colaboración de partidos como Adelante Andalucía o la CUP.
“No estamos constantemente en guerra, tratamos de buscar soluciones”, agrega, “porque aprendimos mucho en la huelga del metal de hace un año”. Pero aclara, no obstante, que CTM sigue considerando clave que la lucha obrera tenga presencia pública en todas las localidades afectadas.
“Desde los años ochenta no hubo una movilización tan brutal por el convenio que afectaba a la pequeña y mediana empresa” fundamentalmente. La crisis continúa abierta en la Bahía de Cádiz, “no hay problemas tan graves en el resto de España”.
Por ello, mantienen el pulso de la calle y participan activamente en foros donde toman la palabra trabajadores eventuales, “represaliados” o detenidos en noviembre de 2021.
