El pasado jueves, el mismo día en el que los ocho magistrados del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la Audiencia Provincial de Cádiz anunciaban la suspensión de la actividad judicial de los ocho juzgados del edificio San José, de cuya clausura se cumplen ya diez días, el Pleno municipal aprobaba por unanimidad la nota aclaratoria al PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) para desbloquear “definitivamente” el proyecto de la Ciudad de la Justicia, según el compromiso adquirido con el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, el pasado mes de septiembre, cuando las dos administraciones acercaron posturas en esta reivindicación histórica tras más de dos décadas. Un trámite que se fijó inicialmente para octubre, pero que por cuestiones administrativas no ha podido llevarse a Pleno hasta ahora.
Una vez atendida la petición de la Junta que permitirá elevar al cien por cien la edificabilidad de los 39.000 metros cuadrados de terreno de los antiguos depósitos de Tabacalera cedidos por el Ayuntamiento de Cádiz para la futura Ciudad de la Justicia, el Gobierno local es claro al respecto: dar traslado “inmediato” a la Junta de Andalucía para que obre a efectos del acuerdo alcanzado “sin perder tiempo”. Tras superar este escollo, las miradas están puestas en la redacción del proyecto básico que, con un presupuesto de casi 500.000 euros, tiene que estar concluido antes de que acabe el año. De hecho, el plazo expira este mismo mes. Preguntado por este asunto hace varias semanas, el alcalde, José María González, se mostraba tranquilo. “Todo va viento en popa”, dijo entonces, confiando también en que se cumplan los plazos para culminar la redacción del proyecto básico. “No me ha llegado que haya ningún problema”, apostilló.
El devenir de los últimos acontecimientos dejan ahora en cuarentena las manifestaciones del regidor gaditano, que estos últimos días arremetía contra la Junta “por el escaso compromiso” en materia de justicia por la situación de los juzgados de San José. En cualquier caso, la situación en el inmueble que alberga las ocho unidades judiciales (cuatro de Primera Instancia y cuatro de Instrucción), con el sótano apuntalado desde 2008, ponen de manifiesto más que nunca la urgencia de acelerar el procedimiento administrativo del proyecto de la Ciudad de la Justicia, que supondrá una inversión de 60 millones. Otra de las cuestiones decisivas y en las que Kichi insistió al consejero “para respirar con toda la tranquilidad” fue la asignación de una partida al proyecto definitivo en los presupuestos de la Junta el próximo año de cara a la licitación de la obra.
Finalmente, el documento reserva 463.295 euros para el proyecto básico en 2023. Una vez que esté concluido, lo cual debe producirse como muy tarde en diciembre, “estaremos en condiciones de abordar para el próximo año la elaboración del proyecto de ejecución, previo a las obras”, confirmó el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. “A larguísimo plazo” No obstante, pese al impulso de esta gran asignatura pendiente de Cádiz hace ahora un año, los plazos son los que son, y ya arrastran retraso desde esa fecha, pues se apuntaba al primer semestre de 2022 para tener el proyecto definitivo, con idea de concluir las obras en 2027.
Esa previsión trascendió de la firma del convenio de cesión de los inmuebles de Tabacalera, después no se ha vuelto a hablar explícitamente de plazos de conclusión. No es de extrañar que en el Colegio de Abogados de Cádiz tengan claro que la Ciudad de la Justicia “se hace más necesaria que nunca”, pero son conscientes de que se trata de una actuación “a larguísimo plazo”, lo cual no soluciona la problemática actual, con lo que en este caso debe plantearse más como la solución a largo plazo y definitiva que una alternativa.
El propio alcalde dejaba claro también que se ha puesto en evidencia que la Ciudad de la Justicia “no es un capricho del alcalde”, mientras que la Junta más allá de limitarse a “respetar” la decisión de los jueces se ha tomado la callada por respuesta desde que decretó el cierre del inmueble. Achacan la decisión de los jueces a “una competencia organizativa”, y defienden que han puesto a disposición de los magistrados infraestructuras alternativas y los medios informáticos para que puedan desarrollar su labor “de manera normal”. Unas manifestaciones que contrastan con el principal argumento expuesto por los jueces: la “imposibilidad” de desarrollar su función, lo cual es extensible a trabajadores de la administración de la justicia, letrados y procuradores.
De igual manera, prolongar la suspensión de la actividad judicial al día 5 (inclusive) no es casualidad, pues coincide con los diez días que ha dado de plazo la Junta para dar el resultado del estudio de habilitabilidad del inmueble de San José. ¿Hay plan B? Según el PP, la Junta, que ha reubicado el Juzgado de Guardia en el edificio Carranza, baraja varias opciones a corto plazo para resolver el problema. Ahora falta por ver si la clausura es provisional o indefinida.
