Representantes del Partido Comunista de Cádiz ha presentado esta mañana una denuncia en apoyo a Juana Rivas “para que se haga justicia” condenado por la sustracción de sus dos hijos menores.
Rocío Sáez, miembro del comité provincial del partido y concejala del Ayuntamiento de Cádiz, considera que Juana Rivas es “víctima de violencia de género por parte de su ex pareja y víctima también de violencia de género por parte del poder judicial”.
La vecina de Maracena “se ha tropezado con un juez claramente negacionista de la violencia machista”, ha sostenido, recordando que el magistrado Manuel Piñar Díaz, titular del juzgado de lo Penal Número uno de Granada, “ha mostrado públicamente su rechazo hacia las políticas de Igualdad y está” sufriendo por ello una persecución que denunciamos y reprobamos llamando a estas medidas “bazofia feminazi”, además de “numerosas manifestaciones racistas, xenófobas y calumnias e injurias a funcionarios públicos llamando justicia cobarde y basura de justicia a jueces y magistrados”.
Por ello, el Partido Comunista de Cádiz ha denunciado en Fiscalía “su sentencia contra Juana Rivas por sustracción de menores sin tener en cuenta las sentencias que demuestran objetivamente que ha sido víctima de violencia de género”. Y, el escrito presentado añade que “en la citada sentencia se realizan varias consideraciones personales que lo sitúan en el negacionismo de la violencia machista y en frente de la Ley Orgánica de Violencia de Género”.
“La propia sentencia por la que condenó a Rivas en primera instancia en 2018 está plagada de frases despectivas, de suposiciones y de conclusiones personales”, añade el documento, “como haber denunciado tarde sus episodios de maltrato, cuando hasta la jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoce que esta tardanza forma parte del ciclo del propio maltrato”.
Asimismo, el Partido Comunista de Cádiz denuncia a Guillermo Padilla Martínez, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada, “enitdad que a instancia suya abrió un expediente disciplinario contra Carlos Aránguez Sánchez, letrado de Juana Rivas, por decir públicamente que la conducta del magistrado era manifiestamente parcial”.
A ambos querellados, la formación les imputa dos presuntos delitos, uno de odio y otro de calumnias a funcionario público.
“Una cosa es desestimar una denuncia o una demanda, o condenar unos hecho conforme a ley, y otra muy distinta, aprovechar los cargos para perseguir, injuriar y condenar negando las leyes que nos protegen”, ha añadido Sáez, acompañada de Ana Zambrano, secretaria provincial de Organización de la formación, y concluyó que “no vamos a dejar a Juana Rivas sola y, si tocan a una, nos tocan a todas”.
