Agredir a un médico en la Sanidad pública será considerado en toda España un delito de atentado a la autoridad, con penas de prisión de hasta tres años, como ya han dictaminado varios tribunales en el ámbito autonómico.

Esta medida formará parte de un protocolo que elaborarán la Fiscalía General del Estado y los Colegios de Médicos, por el que se estipularán todas las actuaciones con que se debe actuar ante la “creciente violencia” que sufren los profesionales sanitarios en el desempeño de sus funciones.

Así lo anunció ayer el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, en una rueda de prensa en la que ha informado de que este problema afecta ya a uno de cada tres médicos, según se desprende de algunos estudios realizados por los colegios autonómicos.

Ante esta “grave” situación, que “cada día va en aumento”, ha aseverado que “no se puede permitir que el miedo impida a los médicos denunciar estos hechos donde corresponde”.

Por ello, la Fiscalía y la OMC establecerán “mecanismos” que persigan que no quede en el ámbito sanitario “ningún tipo de agresión” sin que se “haga justicia”.

Tras reconocer que en este momento está “generalizado” el reconocimiento del delito de atentado contra los facultativos, ha indicado que aún quedan “ajustes por determinar”, sobre todo a la hora de “hacer justicia”, ser “eficaces” y “agilizar” los procesos.

Explicó que una agresión como delito de atentado conlleva casi dos años hasta que llega a resolverse y eso “es algo muy duro para un profesional que tiene que seguir asistiendo a su trabajo”.

Sin embargo, si se consideran los hechos como un delito de faltas, suelen ser sancionados con una multa económica y el caso se solventa en tan sólo seis meses.

“Esto es un hándicap tremendo porque dos años son mucho tiempo cuando tienes que seguir trabajando a diario con los pacientes y su familia, que suele ser quien ataca al facultativo”, dijo.

Sendín recordó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, envió a finales del pasado año un comunicado a todas las Fiscalías del país para determinar con qué premisas una agresión en el ámbito sanitario, y también en el educativo, podría tipificarse como delito de atentado contra funcionario público.

“Ahora estamos llegando a un acuerdo para establecer un protocolo de actuaciones directas entre los Colegios de Médicos y las Fiscalías, con el fin de que queden muy pocos casos por entenderse o resolver”, puntualizó.

La OMC quiere consensuar la próxima semana otras dos medidas dirigidas a combatir esta “creciente lacra” de la violencia en los hospitales y centros médicos.