Las antiguas instalaciones de Delphi, en el polígono del Trocadero, en Puerto Real, han quedado reducidas a 9.000 toneladas de escombros y chatarra desde que la empresa Erri-Berri iniciara los trabajos el pasado 28 de agosto. Actualmente, en los 280.000 metros cuadrados de la finca adquirida en subasta pública por Sport Cádiz City por 2,7 millones de euros, además de 1,7 millones en concepto de IBI y 99.000 euros de gastos de gestión, solo quedan en pie unas planchas metálicas que revestían una de las naves de la factoría, abandonada desde hace más de 15 años, y una oficina portátil.
El desmantelamiento se ha dado por concluido sin que haya existido incidencia alguna, salvo la denuncia por parte de la Plataforma Vecinal de la Barriada del Río San Pedro esta semana de la aparición de “micro fibras” de amianto en la zona procedentes de la finca que resultó ser restos sin importancia lana de roca, un aislante inocuo que el fuerte viento de levante hizo volar, y que se retiró de las inmediaciones del río por el propio personal que lleva a cabo los trabajos. La operación más delicada en el aspecto medioambiental, con la retirada de materiales peligrosos y lodos se llevó a cabo en 2017 por parte del Gobierno andaluz.
Si bien inicialmente se barajó que la demolición estaría concluida en enero, finalmente lo hará en el plazo de un mes. Entre dos y tres meses después, Sport Cádiz City presentará la ambiciosa iniciativa denominada Sportech City, promovida junto con el Cádiz CF y cofinanciada con fondos de LaLiga Impulso.
En líneas generales, lo que se conoce del proyecto es que cuenta, en principio, con un montante global de más de 100 millones de euros, y se enmarca en lo que se ha llamado “industria blanca”, contempla una “ciudad digital energéticamente sostenible”, en la que se dibuja un hub tecnológico incorporando un vivero de empresas y espacios para el coworking que retengan y atraigan talento vinculado a un centro formativo, una instalación para eventos donde desarrollar espacios multitudinarios, un eje de generación de ingresos y una nueva ciudad deportiva con la particularidad de que habrá también campos para la cantera en las cubiertas de las instalaciones. Sport Cádiz City mantiene contactos con la Universidad de Cádiz y socios privados para buscar líneas de colaboración e inversión.
Sin embargo, el cronograma que prevé poner en pie la iniciativa progresivamente para que esté concluida al 100% en 2030, tras poner la primera piedra en cuatro y cinco años, podría quedar en papel mojado si continúa adelante el procedimiento administrativo a instancias de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para la modificación puntual de la delimitación de espacios y usos portuarios (DEUP), publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de abril de 2022: si finalmente se aprobara la necesidad de la expropiación por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la APBC podría tomar posesión de los suelos en un plazo de entre tres y seis meses.
Antes es preciso que el Ministerio apruebe el inicio del trámite de expropiación. Sport Cádiz City presentó el pasado 10 de febrero un recurso de azada al respecto para salvaguardar lo que consideran sus legítimos intereses vinculados a la propiedad de los terrenos. Dicho recurso va en la línea del presentado ante la Audiencia Nacional, que tampoco se ha resuelto dado que el Puerto de Cádiz no ha remitido toda la documentación requerida.
Los abogados de la firma han sostenido que la expropiación “solo debe ser opción cuando exista utilidad pública” y no la hay. Al respecto, indican que la construcción de depósitos de graneles” es una actividad que no implica impulso económico, social, cultural o estético a la zona, sino que, al contrario, generará ruidos, olores y problemas medioambientales con los que tendrán que convivir vecinos y espacios protegidos a escasos metros”. En cambio, el proyecto de Sport Cádiz City, la industria tecnológica del deporte, “es una actuación de bajo impacto medioambiental que lleva consigo el levantamiento de espacios verdes y zonas comerciales, cohesionando y dando un nuevo sentido al entorno”.
Asimismo, recuerdan que la presidenta de la APBC ha declarado que, por un lado, el terreno no se destinará al almacenamiento y tráfico de graneles pese a que esto motivó la modificación puntual de la delimitación de espacios y usos portuarios, y que también sostuvo que la finca está llamada a incorporarse a Lógica, el proyecto logístico que toma el relevo de Las Aletas y que contraviene igualmente lo que motivó la expropiación.
Además, la defensa jurídica indica que la APBC dispone de ocho parcelas vacías de su titularidad, según informe de la Dirección General de las Costas y el Mar de 13 de mayo de 2021 y es el quinto puerto de España por disponibilidad de espacio de almacenamiento. Y recuerda que el Tribunal Supremo anuló las dos reservas de dominio público instadas por la Autoridad Portuaria de suelo situado en el espacio que integraban Las Aletas argumentando que el Puerto estaba sobredimensionado. De hecho, los tribunales de cuenta europeo y español han incidido en este, según sostienen los abogados, quienes sostienen que no se ha llevado a cabo un análisis de la necesidad de los espacios y usos. En este sentido, observan que el tráfico del Puerto ha sufrido una caída superior al 50% en la última década y, por volumen de graneles sólidos y líquidos se encuentran en la posición 16 y 17 de España, al tiempo que concluyen que las estimaciones de crecimiento se han demostrado erróneas, con una reducción en 2021 de un 15 y un 10%, respectivamente.
En cualquier caso, el Estado vende suelo en Puerto Real mientras sigue con la expropiación de Delphi: la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Fomento, sacó a la venta dos lotes de parcelas ubicadas en el término municipal con un total de 46.207,26 metros cuadrados y por valor de 1.891.000 euros, un precio medio superior al ofertado por la APBC por la finca adquirida por el Cádiz CF.
Al hilo, este extremo sirve para reforzar a los abogados a acusar a la APBC de forzar la expropiación del suelo de Delphi en vez de comprarlo. La defensa detalla que la Autoridad Portuaria ofreció en 2018 a la administración concursal 2,8 millones de euros, sin asumir IBI ni otras deudas vinculadas. Al no prosperar, inició en abril de ese año un primer expediente de delimitación de espacios y usos portuarios. En septiembre de 2018, volvió a manifestar interés por los terrenos y dos meses después inició nuevamente el procedimiento para expropiar las fincas. Adquiridos por Ebión por 6,5 millones, no se formalizó el contrato y se relanzó el proceso de enajenación. Según el relato de los abogados, en esta fase la APBC no presentó oferta, siendo el mejor precio el de Rodríguez Normand S. L, que ofreció 6,7 millones de euros más asumir las deudas en concepto de IBI y otras pendientes que ascendían a casi 1,8 millones de euros, en total 5,7 millones más que la APBC. Desde ese momento, prosiguen, “la Autoridad Portuaria remitió múltiples escritos a los interesados, la administración concursal y al Juzgado de lo Mercantil comunicando la pendencia del procedimiento de delimitación de espacios y usos portuarios”, hasta el punto de que representantes de la APBC “se reunieron con Rodríguez Normand S. L. a fin de conseguir que retirara la oferta”. “Durante años (el Puerto) ha actuado como asustaviejas contra cualquier inversión en los terrenos de Delphi y ahora vuelve a actuar del mismo modo”, resumió la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, quien también recurrió a los tribunales sin haber obtenido respuesta alguna hasta el momento.
Fuentes de Sport Cádiz City confían en que finalmente haya un acuerdo extrajudicial y por ello vuelven a tender la mano a la APBC. Pero no temen el pleito, al margen del retraso del proyecto, porque dan por hecho que la sentencia será favorable.
