El portavoz municipal del PSOE, Óscar Torres, consideró “humillante y decepcionante” que la Junta de Andalucía no vaya a “invertir fondos propios” para la Ciudad de la Justicia. Torres valoró así las declaraciones del consejero José Antonio Nieto este viernes, durante su comparecencia con el alcalde, Bruno García, antes de la reunión con operadores jurídicos para informarles de la hoja de ruta para impulsar un proyecto bloqueado desde hace más de dos décadas.
Lo cierto es que lo único que resultó novedoso, en cuanto a la financiación, es que el Gobierno autonómico dispondrá de en torno a diez millones de fondos europeos Feder para rehabilitar dos naves industriales para uso administrativo; el almacén de tabaco, que servirá como archivo judicial de referencia en la provincia; y las casas y oficinas de los ingenieros existentes en los terrenos de Tabacaleras, que permitirán crecer hasta 2.000 metros cuadros más en caso de que sea necesario.
Pero, no es en absoluto nuevo que el grueso de la inversión se lleve a cabo por medio de concesión pública. La Junta de Andalucía, con Juanma Moreno al frente, ha insistido en los últimos años en que la colaboración público-privada es la fórmula para acometer una obra de cuantioso importe, 120 millones de euros, que también servirá para levantar, entre otras infraestructuras, la Ciudad de la Justicia de Jaén.
Y antes lo hicieron los gobiernos autonómicos del PSOE, al menos, hace diez años. El entonces consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, aseguró, en visita a Cádiz, que la Ciudad de la Justicia tendría un presupuesto de 83,4 millones y sería posible, precisamente, gracias a la colaboración público-privada, de manera que la empresa que ganara el concurso se encargaría de costear su construcción y después obtendría a cambio el mantenimiento y la explotación del edificio durante un plazo de 25 años a cambio de un canon pagado por la Administración autonómica.
Plan de inversiones
Los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía apostaron firmemente por la financiación público-privada hasta el punto de que contemplaron un plan de inversiones de 6.260,8 millones entre 2010-2020 financiado mediante esta fórmula que incluía infraestructuras en materia de carreteras, puertos, ferrocarriles, saneamiento y depuración de aguas residuales, residencias de mayores, nuevas sedes judiciales y edificios administrativos.
