El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha expresado “respeto” a la propuesta de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) sobre reducir al 20% las viviendas de renta libre previstas en Navalips y destinar el 80% a inmuebles protegidos para el alquiler social y a precio asequible, pero considera que el planteamiento acordado entre Zona Franca, dependiente del Ministerio de Hacienda, la empresa pública Sepides y el anterior equipo de Gobierno local “se ajusta al modelo de construcción que defendemos” desde el Ayuntamiento en la actualidad.
García ha recordado que, desde que el PP obtuvo la mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales, el Consistorio ha impulsado viviendas públicas en alquiler social, “como las que se van a hacer en Santa María”, pero también viviendas protegías, en Marconi, por ejemplo, y renta libre, en la Avenida de la Sanidad Pública.
“Lo previsto en Navalips encaja con nuestro modelo”, ha insistido, recordando que el acuerdo de destina la mitad de los 812 inmuebles a vivienda protegida en venta y la otra mitad a renta libre fue propuesto por instituciones gobernadas en su momento por PSOE y Adelante Izquierda Gaditana.
En cuanto al avance del Plan de Reforma Interior (PERI), ha avanzado que confía en que se apruebe en el Pleno municipal del próximo 28 de diciembre y pase a partir de entonces a exposición pública para su examen y plazo de presentación de sugerencias.
