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Viernes 08/11/2024
 

Cádiz

El PP insiste: las cesiones a los independentistas de Pedro Sánchez pasan factura a Cádiz

Romaní lamenta la “política de desigualdad” del PSOE y advierte de que la provincia “sufre déficit de atención por parte del Gobierno central”

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  • Ignacio Romaní, con Pedro Gallardo y Macarena Lorente. -

El PP de Cádiz ha arrancado el nuevo curso político insistiendo en el no a la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez. Para Ignacio Romaní, diputado nacional, “este es el primer pago de las cesiones” del PSOE “a independentistas a cambio de mantenerse en el poder”.

En rueda de prensa, acompañado por Pedro Gallardo y Macarena Lorente, también representantes de la formación en la Cámara Baja por la provincia, ha advertido de que “Cádiz sufre un déficit de atención por parte del Gobierno central”.

La provincia, ha remarcado, “necesita de una atención especial en materia de empleo e infraestructuras” que “están en peligro por la política de desigualdades de Pedro Sánchez.

Romaní ha reiterado que la Ley de Amnistía “es un ataque claro al Estado de Derecho, a nuestra Constitución, que atenta contra la separación de poderes y vulnera la igualdad de todos los españoles ante la ley”, por lo que ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por el PP.

Pero, además, “el chantaje de los independentistas” y que “Pedro Sánchez esté dispuesto a pagar todo lo que sea necesario” pasarán factura a Cádiz.

Por ello, ha instado al máximo responsable del PSOE en la provincia, Juan Carlos Ruiz Boix, a sumarse a la reivindicación del PP para que los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) estén presentes proyectos como el desdoble de la N-IV, el tercer carril en la AP-4 hasta Cádiz, el desdoble de la Vejer-Algeciras, la llegada de la Alta Velocidad, las obras del corredor ferroviario y obras en materia hidráulica para combatir la sequía, así como planes específicos contra el desempleo.

No obstante, ha reconocido que duda que Ruiz Boix alce la voz porque no lo ha hecho con la subida del IVA de la luz y el gas a partir de marzo o el incremento de los impuestos a las clases medias, con un aumento de la presión fiscal en más de un 60%.

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