El Ayuntamiento de Cádiz ha valorado la publicación del decreto sobre viviendas de uso turístico (VUT), establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros en la comunidad aprobado por el Consejo de Gobierno de Andalucía, señalando a este respecto que es "una herramienta" que viene a "apoyar" a los consistorios y que "garantiza la convivencia" de los vecinos con los turistas.

Esta norma introduce como principal novedad que los ayuntamientos podrán limitar el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona "por razón imperiosa de interés general" mientras que mantiene la inspección en manos de la administración autonómica.

El Ayuntamiento gaditano ha explicado a Europa Press que los servicios jurídicos de Urbanismo van a estudiar el decreto de la Junta "para adaptar la norma municipal al mismo". A este respecto, se ha recordado que ya realizaron "cambios" a nivel urbanístico durante el anterior mandato --con Adelante Cádiz y José María González 'Kichi' de alcalde--, para limitar la impantación de este tipo de pisos turísticos en inmbuebles del casco histórico y de extramuros. No obstante, se ha asegurado que se estudiará "a fondo" este nuevo decreto.

Sobre la normativa municipal ya existente, se ha indicado que es una herramienta "para frenar la expansión de los pisos turísticos" y que "en estos meses", desde la llegada del nuevo Gobierno local del PP, se ha dado cuenta a la Junta de Andalucía de aquellos pisos turísticos que "contravenían" las normas urbanísticas, siendo por ello eliminadas del registro y sin posibilidades de operar en plataformas digitales.

En ese sentido, se ha recordado que desde el Ayuntamiento se ha notificado a la Junta de hasta 280 viviendas con fines turísticos (VFT) que "contravenían las normas" y que se dieron de alta a lo largo del año 2023.

Como explicaron a principios de enero en rueda de prensa el alcalde gaditano, Bruno García, y el delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, se analizaron las 400 VFT que se habían inscrito a lo largo del 2023 y que contaban con la aprobación de la Junta de Andalucía, encontrando que "280 de ellas están fuera de ordenamiento". Los propietarios de estos alojamientos disponen de un periodo de alegaciones y una vez cumplido, si no las hay, se les retira la autorización.