Además, el Gobierno tiene previsto introducir reformas legales para impedir que los hombres condenados por delitos relacionados con la violencia de género puedan heredar el patrimonio de la víctima, por lo que esos delitos figurarán entre las causas de “indignidad sucesoria y desheredación”.
El Consejo de Ministros aprobaron ayer un acuerdo para impulsar un conjunto de reformas legislativas en materia de violencia de género que permitan luchar de manera “más eficaz” contra esta lacra social y ha dado prioridad en este sentido a la protección de los menores que se encuentran expuestos a la violencia de género y que sufren sus consecuencias de una forma directa o indirecta.
Entre las medidas acordadas, el Gobierno ha decidido también elaborar un protocolo para atender a las mujeres españolas que son víctimas de violencia de género y residen en el extranjero, además de protocolos de atención sanitaria para mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como inmigrantes o con discapacidad.
Además, y para garantizar los derechos de las mujeres víctimas y proporcionarles recursos económicos, las ayudas económicas que están previstas en la Ley integral contra la Violencia de Género no computarán para reconocer el derecho a las pensiones no contributivas.
Respecto a la custodia, el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó que será, en cualquier caso, una medida de carácter cautelar que deberá adoptar el juez de lo civil para proteger a los hijos mientras se resuelve el proceso penal abierto contra el presunto maltratador.
El Código Civil prevé actualmente que cuando existe un proceso penal por malos tratos no cabe la custodia compartida, sino que el juez de lo civil tiene que optar por asignársela a una de las partes que solicitan el divorcio o separación, y la intención del Gobierno es que a partir de la reforma la custodia siempre se otorgue al maltratado.
Frente a las críticas de algunas asociaciones de jueces, que han tachado de innecesaria, propagandística y peligrosa la reforma, Rubalcaba se mostró convencido de que la polémica cesará cuando conozcan con precisión los términos de la reforma que se plantea.
El portavoz del Ejecutivo insistió en que se trata de una medida cautelar que afectará a casos “muy concretos”, y en que es “razonable” que la custodia de los hijos repose en estos casos en la persona presuntamente maltratada.
Negó además Rubalcaba que una medida se estas características pueda entrar en contradicción con la presunción de inocencia, debido a su carácter cautelar, y ha observado que los procesos penales que se siguen en la actualidad se están resolviendo con gran celeridad.
“Queremos evitar que la custodia individual de los hijos caiga en una persona que está imputada en un proceso penal por malos tratos”, corroboró Rubalcaba.
Ayer mismo la asociación Jueces para la Democracia (JpD) reiteró en un comunicado sus criticas a esa reforma anunciada por el Gobierno, que califica como “irresponsable”.
En concreto esta asociación judicial de corte progresista afirma que “el uso de este tema como arma propagandística simplifica el problema y sólo sirve para desenfocar los esfuerzos” y considera “lamentable” que algunos responsables políticos parezcan más preocupados por el titular en la prensa que por la aportación de la propuesta realizada.
El Gobierno hizo balance en el Consejo de Ministros de las actuaciones que se han realizado en materia de violencia de género durante los dos últimos años y la aplicación de la Ley de Medidas y Protección Integral contra la Violencia de Género desde su aprobación en 2004.
