En el tenso debate celebrado esta mañana en el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cádiz para la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de la deuda municipal con la empresa que presta Ayuda a Domicilio por 772.000 euros, la portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, Helena Fernández, ha asegurado que esta compensación es posible ahora porque “se han encontrado ustedes con una herramienta autonómica que ha permitido que se autorice y apruebe esta operación”.
Fernández hacía referencia concretamente al informe 17/2023 de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía, que ofrecía la opción legal de pagar la deuda generada desde el 1 de enero de 2023 (en Cádiz, el Ayuntamiento pagará desde el 1 de enero de 2021) en caso de que se hubiera abonado un precio inferior a los 15,45 euros (en la capital, el pago era de 12,9 euros).
El alcalde, Bruno García, aseguró que “nada de lo que hacemos hoy, no se podía hacer antes” y preguntó por qué el equipo de Gobierno de José María González, Kichi, no invirtió para mejorar las condiciones laborales de la plantilla y la cobertura que reciben los usuarios.
Lo cierto es que, al menos una vez, sí se intentó en el anterior mandato revisar el precio hora para el servicio de Ayuda a Domicilio.
Concretamente, la entonces teniente de alcalde y delegada de Contratación, Ana Fernández, consultó al respecto al director del Área de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento tras la solicitud de Domusvi el 15 de diciembre de 2021.
Algo más de un mes después, el 25 de enero de 2022, el director del área advierte de que el reequilibrio económico planteado por la empresa se aplica a las concesiones de servicios o de obras, de modo que no puede llevarse a cabo.
Y abunda en esta cuestión al apuntar que la concesionaria “pretende que se adopte una revisión del precio por hora; esto sería una modificación del contrato”, que no es posible, y recuerda que “el contrato ya no se encuentra en vigor”, dado que caducó en 2018.
