La situación de sequía extrema es acuciante. En Andalucía, la Junta ha aprobado recientemente el cuarto decreto de medidas para paliar los efectos de la crisis con una inversión de 217,8 millones de euros y un compromiso de poner en circulación 81 hm3 más de consumo a la población y a los sectores productivos andaluces, con medidas como la puesta en servicio de sondeos o el uso de aguas regeneradas y la instalación de desaladoras en la Costa del Sol y la Axarquía.
El alcalde de Chiclana, José María Román, remitió una carta al presidente, Juanma Moreno, tras conocer estos proyectos demandando la posibilidad de poner en carga los cuatro pozos existentes en el municipio desde la sequía de 1996 y la instalación de una depuradora portátil, entre otras cuestiones. Y el Pleno del Ayuntamiento aprobó esta semana una moción presentada por el PSOE en este sentido. Respecto a la desaladora, el primer edil ha lamentado que “el decreto de la Junta incluya dos desaladoras portátiles en la provincia de Málaga y, sin embargo, no aparece ninguna en la provincia de Cádiz, que también incrementa su población durante la temporada estival y que también genera una fuerte economía”.
Además, ha recordado que dos de estas se usaron en la Isla de La Palma, tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, entrando en funcionamiento en tan solo 17 días, por lo que daría respuesta urgente a las necesidades del municipio.
La propuesta no solo ha encontrado la negativa del PP, principal partido de la oposición y el mismo que tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía. También ha expresado su rechazo Toniza-Ecologistas en Acción. Manuela Cuevas, portavoz de la organización, advierte del “gran impacto medioambiental” del funcionamiento de este tipo de infraestructuras. “La captación de agua del mar acarrea la destrucción de una enorme cantidad de materia orgánica, especialmente fitoplancton y zooplancton”, explica, de ahí el mal olor que desprenden las desaladoras por la putrefacción de la materia orgánica. “Además, tratar un metro cúbico de agua consume unos 3 kWh, el equivalente a la energía que acumulan mil pilas AA alcalinas”, agrega, y “el vertido del residuo resultante del proceso, que contiene salmuera, productos químicos y metales pesados es contaminante”.
Como alternativas concretas, Cuevas propone el arreglo de las conucciones de agua, para evitar pérdidas de hasta el 40% en algunos municipios, el control de piscinas y la cluausra de los pozos y fosas sépticas ilegales o la recuperación del acuífero de Puerto Real-Conil, y, con carácter general, en la línea de lo expresado por su compañero Daniel López Marijuán, “no incrementar los recursos, sino gestionar de forma eficaz y eficiente los existentes”.
En este sentido, López Marijuán se muestra más favorable al terciario portátil para obtener aguas regeneradas que pueden ser utilizadas para riego y baldeo. Por esta opción se han inclinado los ayuntamientos de San Fernando y Cádiz, mientras buscan financiación para adaptar definitivamente la EDAR que comparten ambas localidades.
Está previsto que este mismo lunes los alcaldes de la capital y La Isla den detalles sobre el proyecto. Patricia Cavada adelantó a SAN FERNANDO INFORMACIÓN que San Fernando ha hecho los deberes con la instalación de un anillo de hasta 13 kilómetros de conducciones por toda la ciudad que permitirá la distribución del agua reciclada de manera inmediata una vez que esté instalado el sistema terciario en la EDAR. López Marijuán lamenta, sin embargo, que el equipo de Gobierno no ha cumplido por su parte.
