El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha reiterado la petición de la Junta de Andalucía al Gobierno de la Nación para que dé marcha atrás con la imposición de tarjetas monederos porque “280.000 andaluces se van a quedar sin alimentos básicos por una decisión unilateral” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que es una opción minoritaria en la Unión Europea.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de la inauguración del Congreso Nacional de la Federación Española de Bancos de Alimentos, que se celebra hoy y mañana en el Palacio de Congresos de Cádiz, Sanz ha agradecido la labor que llevan a cabo estas entidades pero ha lamentado que queda comprometida al suspender el Ministerio de Inclusión los programas llevados a cabo en colaboración, y en los que también participaba Cruz Roja, para atender a personas vulnerables.
Según el consejero, el nuevo sistema, que perjudica a 1.300 organizaciones, deja fuera a ocho de cada diez municipios en Andalucía, 665 de 785, pertenecientes fundamentalmente al mundo rural, al no contar con los supermercados adscritos al programa del Gobierno.
Por otra parte, ha denunciado que ni tan siquiera se han determinado los requisitos para acceder a los vales canjeables. Únicamente se conoce un criterio, también excluyente, dado que los beneficiarios serán únicamente familias con menores a su cargo.
No tendrán cobertura, por tanto, “las personas mayores con pensiones muy bajas, las personas sin hogar, los inmigrantes, las mujeres víctimas de violencia de género o las familias con hijos de 18 años o más que también pueden estar en situación de extrema necesidad”, e incluso, ha agregado, “familias con menores a su cargo que no cumplan requisitos o se queden son tarjetas” al ser insuficientes.
Sanz ha recordado que con el anterior sistema, se beneficieron en 2023 unos 330.000 andaluces.
