La solicitud por parte del Ayuntamiento de Cádiz a la Junta de Andalucía para que proceda a la anulación de 277 licencias a viviendas con fines turísticos que no estaban dedicadas a tal fin no cumplían con los requisitos de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada por el anterior equipo de Gobierno pone de manifiesto una descoordinación entre ambas instituciones en la tramitación de solicitudes y el registro de las mismas que preocupa al sector y, en algunos casos, tiene consecuencias perversas para los propietarios.
El caso de María (nombre ficticio porque teme que si se revela su identidad o la ubicación de sus inmuebles sufra nuevamente el acoso por parte de algunos vecinos que ha padecido en los últimos meses) da buena cuenta de la inseguridad administrativa a la que se enfrentan quienes quieren destinar sus pisos a la actividad turística en Cádiz.
María decidió el año pasado vender su casa en el Novo Sancti Petri con licencia como vivienda con fin turístico. La enfermedad crónica de su marido impedía atenderla convenientemente dado que ambos son vecinos de la capital gaditana. Con el dinero de esta operación, previo pago de hasta 20.000 euros en impuestos, la pareja adquirió dos pisos en el casco histórico de Cádiz y comenzó a tramitar la licencia para uso turístico porque, de este modo completan los ingresos familiares. Quien le atendió en la Consejería de Turismo le pidió únicamente la licencia de primera ocupación y las escrituras, ambos documentos en regla, pero no le advirtió de la ordenanza, que ignoraba que estuviera en vigor, y tampoco lo hicieron en Urbanismo, en el Ayuntamiento de Cádiz. Todo el procedimiento discurrió sin incidencias, pero hace un mes recibió el anuncio de anulación, que recurrió. Este viernes, una nueva notificación confirmando la retirada de la licencia. La única vía que le resta ya es la judicial, pero “cuánto me va a costar eso”, exclama, teniendo en cuenta que ya invirtió en la remodelación de ambos inmuebles y que difícilmente ingresará un céntimo en julio y agosto, meses durante los que las viviendas tendrían uso turístico. El resto de este año y el siguiente acogen a estudiantes durante todo el curso, gracias al servicio de intermediación de la Universidad de Cádiz (UCA).
María reconoce que no comprende nada de lo que está sucediendo y lamenta que ignorara la existencia de la ordenanza y que ninguna de las administraciones la alertara porque “habría invertido el dinero en otra localidad”. Finalmente, censura que no haya colaboración entre Ayuntamiento de Cádiz y Junta de Andalucía para la atención de solicitudes ni el control de la actividad, “con duplicación de licencias o inmuebles que operan al margen de la ley”.
