Los representantes de CCOO, UGT y la Federación de Empresario del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) se han emplazado este martes, al término del cuarto encuentro, a abordar los detalles, “capítulo a capítulo “, del próximo convenio del sector en una reunión el 10 de septiembre.
Sin ultraactividad, la presión es relativa. Y, con los ecos de la crispación de las algaradas, manifestaciones y paros que se registraron hace tres años todavía resonando, las partes se esfuerzan en trasladar el ambiente cordial en el que se desarrollan, hasta el momento, las conversaciones.
Con todo, en el punto de arranque se han puesto de manifiesto discrepancias. El secretario general de UGT FICA, Antonio Montoro, ha indicado que la patronal no ha tenido tiempo aún de analizar en su conjunto la plataforma del convenio aprobada por los sindicatos, aunque ha avanzado que, con la incorporación de nuevos pluses, la reducción de jornadas o la suma de días de asuntos propios, la patronal advierte de que supondría una subida del coste del 2,5% y apunta que las empresas ya hicieron un esfuerzo económico desde 2021.
José Muñoz, por parte de Femca, confirma este extremo en conversación con VIVA CÁDIZ. “Tenemos que ver el impacto porque no se trata únicamente de abordar un incremento en las tablas salariales”, explica, sino que es preciso valorar la factura de los citados pluses o que algunos de los existentes contemplen incrementos de hasta un 47%.
Y considera, en cualquier caso, que hay que afrontar otras cuestiones como el absentismo, que alcanza el 11,5% y también provoca un quebranto en las empresas o la situación de los fijos discontinuos, que suponen hasta el 80% del total de las plantillas.
En este caso, Muñoz plantea trabajar en común para acudir a Madrid y plantearle al Ministerio de Trabajo una solución a nivel nacional, que se plasme en el documento final.
El relevo generacional también está en agenda, dado que genera inquietud, señala Montoro, por su parte, para insistir nuevamente en la existencia de voluntad para solventar problemas. “Queremos que haya colaboración en lugar de dialogar desde posturas enfrentadas”, añade el representante de la patronal, respecto a un convenio que afecta a entre 25.000 y 30.000 asalariados.
