El estudio elaborado sobre ciberseguridad para VIVA CÁDIZ por Ana Ros, auditora líder en ISO 27001 por AENOR y consultora en ENS, concluye que los ayuntamientos de San Fernando y Algeciras presentan el peor escenario. “Ambas sedes electrónicas obtienen una puntuación de 0/100, lo que significa que no aplican ninguna de las medidas básicas de protección evaluadas”, advierte, de modo que “esta situación no solo es crítica desde el punto de vista técnico, sino preocupante por lo que implica institucionalmente”.
“San Fernando es un ayuntamiento de más de 90.000 habitantes, cabecera histórica de la Bahía gaditana. Algeciras, por su parte, supera los 120.000 y es un nodo logístico clave a nivel nacional e internacional. Ambos gestionan volúmenes elevados de trámites electrónicos, con servicios esenciales como padrón, licencias, notificaciones, pagos, y plataformas de cita previa que miles de ciudadanos utilizan semanalmente”, señala. “Lo llamativo -prosigue- es que ni siquiera se han implementado medidas elementales que son estándar en el diseño de cualquier sitio web profesional. No se trata de aplicar soluciones avanzadas o de última generación: ni el mínimo exigido por la ley se cumple”.
Mientras otros municipios de la provincia, como Jerez, Cádiz o incluso Sanlúcar, han iniciado procesos para crear o consolidar sus propios Centros de Operaciones de Ciberseguridad (SOC), “San Fernando y Algeciras no solo no cuentan con estos recursos, sino que tampoco han activado los mecanismos básicos de protección en sus portales existentes”, insiste.
“Este vacío no puede explicarse por falta de conocimiento técnico, puesto que los estándares están definidos desde hace más de una década, ni por limitaciones presupuestarias, ya que existen subvenciones específicas, tanto nacionales como europeas, para este tipo de proyectos. Tampoco puede justificarse por falta de relevancia institucional, hablamos de dos de los municipios más grandes y estratégicos de la provincia”, indica, para advertir de que, “en un momento en el que se producen ataques dirigidos a administraciones locales de toda España, mantener una sede electrónica completamente expuesta equivale a dejar la puerta del ayuntamiento abierta, sin vigilancia ni cerradura. La ausencia total de medidas no es solo una mala práctica, es un fallo estructural de gestión pública”.
Para Ros, lo más preocupante “es la falsa sensación de normalidad”. “El ciudadano accede, realiza sus trámites y desconoce que su información podría estar en riesgo. Esta asimetría entre confianza y protección real erosiona el principio de garantía institucional que debe acompañar a todo servicio público”, remacha.
“La Diputación de Cádiz ha asumido un papel central en la mejora de la ciberseguridad de los municipios de menos de 20.000 habitantes, impulsando un Centro de Operaciones de Seguridad Virtual (vSOC) en colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CCN). También ha desplegado tecnologías de Check Point Software para proteger la infraestructura provincial y la de los municipios que gestiona”, agrega, pero alerta de que la institución provincial “sin estar certificada en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)”.
“Es urgente una gestión más rigurosa, ágil y orientada a resultados. Porque en materia de ciberseguridad, no basta con planificar o hacer anuncios como los ayuntamientos de Jerez, Cádiz o Sanlúcar: hay que ejecutar y certificar”, finaliza.
