La Guardia Civil de Cádiz, junto con la Inspección de Trabajo, ha desarrollado una operación policial contra los establecimientos de reparación de vehículos a motor ilegales, realizando 29 inspecciones y tramitando 221 actas de infracción en materia de actividades industriales residuos peligrosos, trabajo y seguridad social.
Las actuaciones realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), han tenido lugar este martes como respuesta a la preocupación existente entre las empresas gaditanas dedicadas a la reparación de vehículos a motor, por la competencia desleal que ocasionan los talleres que de manera ilegal y en ocasiones hasta en la clandestinidad, se dedican a la reparación de vehículos, contraviniendo lo dispuesto por la legislación vigente tanto en materia de trabajo, como de industria y de medio ambiente.
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el operativo desarrollado se realizó teniendo como principales objetivos la localización de los talleres ilegales y la identificación de sus responsables, denunciar las infracciones observadas y sobre todo, concienciar de los efectos negativos de este tipo de conductas.
Los agentes pusieron especial énfasis en el tratamiento dado a residuos tales como aceites usados, baterías, neumáticos, diferentes líquidos, etcétera, que en la mayoría de las ocasiones están considerados como peligrosos, supervisando los libros-registro de los residuos que genera un taller, donde se recoge la obligación de entregarlos a un gestor autorizado, garantizándose así que el tratamiento de dichos residuos continúe hasta su eliminación o reciclado en una planta autorizada.
En muchos de los talleres inspeccionados, sobre todo en los ilegales, no se realizaban la gestión de los residuos que generan los talleres y en ocasiones eran vertidos de forma incontrolada al medioambiente, todo ello con el fin de aumentar el margen de beneficios.
Los guardias civiles detectaron graves deficiencias respecto a las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, representando los talleres ilegales una competencia desleal para los autorizados, los cuales están obligados a tomar medidas encaminadas a la protección de los trabajadores y del medio ambiente. Por el contrario, los talleres ilegales, pueden reducir costes en materia de riesgos laborales, careciendo de cargas impositivas al defraudar a la seguridad social, no dando de alta ni a la actividad ni a los empleados.
En cuanto a los consumidores y usuarios, la nula garantía de las reparaciones que realizan, no sujetas a ningún arbitrio y sin posibilidad de reclamación, suponen un fraude para los mismos, así como el riesgo para la seguridad de los vehículos y la propia integridad física de conductores y ocupantes.
Durante el operativo se detectaron 179 infracciones en materia de medio ambiente y actividad industrial y 42 en materia de trabajo y seguridad social, al no acreditar que dichos trabajadores tuvieran alta en Seguridad Social y carecer de contrato laboral alguno. Las actas de infracción han sido remitidas a las autoridades competentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Medio Ambiente, Industria y Seguridad Social.
Dicha operación no se trata de una actuación aislada, sino que forma parte de una campaña que la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz continuará materializando en todas las localidades.
