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Martes 19/11/2024
 

Cádiz

El CSIF insta a que se elimine el "filtro político" en las denuncias de los agentes de Medio Ambiente

La Central Sindical ha presentado una instancia ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz con el fin de revocar la Instrucción que les obliga a presentar al coordinador provincial las denuncias en lugar de tramitarlas vía registro.

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha presentado una instancia ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz para que se derogue la Instrucción, que tienen los Agentes de medio Ambiente, de presentar las denuncias al coordinador provincial para su análisis. El cuál se encarga de enviarlas al Secretario General, que es quien se encarga de determinar si procede o no abrir expediente por esas denuncias.

CSIF recuerda que, según la Ley de Montes por la que se rigen los agentes de Medio Ambiente, estos empleados son agentes de la autoridad y ejercen como policía judicial. En este sentido y según  expresa la ley, la policía judicial practicará las primeras diligencias de prevención y aseguramiento, como la custodia de los objetos que provengan del delito, dando cuenta de todo esto a la Autoridad Judicial o Fiscal.

Esta Central Sindical declara que estas instrucciones, verbales o escritas, dadas en todas las delegaciones de esta Consejería "chocan frontalmente" con las competencias que el ordenamiento jurídico asigna a dichos agentes; desde el momento en que les queda prohibida la presentación de cualquier denuncia, sea penal o administrativa, por cualquier sistema que garantice la presentación, como es a través del registro general de cada Delegación Territorial.

CSIF destaca la "inseguridad medioambiental" que puede provocar  que sea un político y no un funcionario especializado en ese puesto el que filtre si un hecho es o no denunciable de acuerdo con la normativa.

CSIF insiste en que los agentes de medio Ambiente tienen potestad para determinar qué actos son delictivos y comunicarlo directamente a la Autoridad competente "sin tener que pasar filtro político".

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