La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, ha firmado este miércoles con los alcaldes de 20 municipios de Cádiz el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento puesto en marcha por su departamento que implica la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía.
Con esta rúbrica, los ayuntamientos socialistas de Grazalema, San Roque, Sanlúcar, Algar, Algodonales, Bornos, El Gastor, La Línea, Paterna de Rivera y Benalup-Casas Viejas; los gobernados por IU de Puerto Serrano, Castellar, Conil, Olvera, Espera, Alcalá del Valle, Medina Sidonia y Trebujena; así como el de Los Barrios (PA) y el de Tarifa (PP), se suman al acuerdo marco ya rubricado en septiembre pasado por parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP).
Cortés, en rueda de prensa, ha destacado que "estos 20 alcaldes han sellado su compromiso con la defensa del derecho a la vivienda, un derecho que la propia relatora de la ONU especializada en la materia subraya que está siendo sistemáticamente pisoteado en España, donde tantos ciudadanos han quedado atados de por vida a hipotecas que ya no pueden pagar, debido en gran medida a la pérdida de su empleo".
La titular de Fomento y Vivienda se ha referido al incremento "preocupante" --un 62 por ciento más-- de lanzamientos producidos en la provincia de Cádiz en el primer semestre de 2012, con un total de 1.053 desalojos realizados. A su juicio, "el proceso que se ha abierto con este programa va cosechando sus frutos, puesto que en la actualidad son ya 47 municipios, además de la Diputación de Huelva, las administraciones adheridas a este bloque político constituido para luchar contra este drama social".
Asimismo, la titular de Fomento y Vivienda ha precisado que, "aunque el Gobierno andaluz no puede cambiar la Ley Hipotecaria, del siglo XIX, ni la Ley de Enjuiciamiento Civil, o impedir que el Estado riegue de dinero público a las entidades financieras sin exigirles contrapartidas", sí está haciendo un importante esfuerzo en el ejercicio de sus competencias "para plantar cara a esta lacra social, poniéndose del lado de las víctimas".
Además, ha explicado que "en esta forma de entender la vivienda, como derecho y no como mercancía, es donde se inserta, en octubre de 2012, la apertura de las oficinas provinciales del Plan Andaluz en Defensa de la Vivienda".
En opinión de Cortés, el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda demuestra que la política "sirve para plantar a cara a acciones absolutamente injustas e insolidarias", por lo que anima a los ayuntamientos a continuar sumándose a este instrumento. Asimismo, considera que la ILP (iniciativa legislativa popular) que ahora debatirá el Congreso, gracias a la presión social y política de organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o IU, será "una buena ocasión para que el PP deje de negar la evidencia de la clamorosa injusticia social que se está cometiendo con los desahucios".
Junto a esta iniciativa, la consejera Cortés también ha detallado otros ejemplos de esa política de compromiso del Gobierno autonómico, como la paralización de los desahucios en el parque público de viviendas en caso de endeudamiento sobrevenido por la pérdida del empleo. "Otra muestra de ese trabajo llegará con el próximo Plan de Vivienda y Rehabilitación, que tendrá un marchamo más social y transformador que el anterior y contará con la impronta de quien hace política escuchando a la calle, atendiendo a las víctimas de la crisis", ha incidido.
Detalles del convenio
El acuerdo garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
También se comprometen a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección, con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las delegaciones territoriales de la Consejería información relativa a los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.
Estos acuerdos contemplan la constitución de una comisión de seguimiento para dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El pacto tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
Elena Cortés ha hecho balance de la oficina contra los desahucios de Cádiz, asegurando que durante los tres meses y medio de funcionamiento "ha logrado evitar 97 desahucios". Así, ha detallado que desde la puesta en marcha del programa, este punto de atención ha tramitado un total de 155 expedientes, de los que 24 se abrieron en el ámbito de la prevención, 97 en el área de la intermediación y 34 en protección.
En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera, y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios que recoge el decreto del Gobierno actualmente en tramitación o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar. Estas 24 familias atendidas han recibido información y asesoramiento, evitando preventivamente la amenaza del derecho a la vivienda.
La intermediación es la más demandada por los gaditanos y está destinada a quienes ya tienen deudas con las entidades financieras, encontrándose por tanto en riesgo de desahucio. De las 97 familias atendidas, la oficina ha resuelto favorablemente 44 casos --con fórmulas como la dación en pago, el alquiler social, la reestructuración de la deuda hipotecaria, la renegociación de las cuotas o la paralización de subastas y lanzamientos--, y los restantes 53 se encuentran abiertos con expectativas de resolución.
