Más de 60.000 españoles han registrado el modo en que desean morir mediante el denominado testamento vital, un documento donde predominan la petición de cuidados paliativos, el rechazo del esfuerzo terapéutico y la donación de órganos. 

Así se desprende de los archivos abiertos con este fin en las distintas comunidades autónomas, integrados a su vez en un registro nacional que quedó definido en 2002 con la Ley de Autonomía del Paciente. 

El testamento vital es un documento dirigido al médico, en el cual una persona expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en que su estado de salud no le permita expresar personalmente su voluntad. 

El caso de Eluana Englaro, la mujer italiana que murió tras pasar 17 de sus 38 años en estado vegetativo, al retirársele la alimentación, ha reabierto el debate en España sobre el derecho a morir. 

La eutanasia no está regulada en las leyes españolas, que sí han establecido en los últimos años la posibilidad de que los pacientes expresen su rechazo a determinadas terapias para prolongar su vida a través de las voluntades anticipadas. 

El más utilizado es el archivo catalán, creado en 2002 y con 23.390 documentos de voluntades anticipadas, seguido del Andaluz, donde 14.219 personas han formalizado su testamento vital entre mayo de 2004 y diciembre de 2008. 

En la Comunidad Valenciana se han inscrito 6.815 personas desde que el registro entró en funcionamiento en 2005, mientras que alrededor de 4.381 lo han hecho en el País Vasco desde 2004. 

En la Comunidad de Madrid han registrado sus instrucciones previas 3.332 ciudadanos, 2.149 mujeres y 1.183 hombres. 

En el registro de voluntades anticipadas de la Comunidad Autónoma de Aragón hay, a fecha de 17 de noviembre de 2008, 2.803 declaraciones activas que suponen el 2,51% sobre la población de 18 años o más y, de éstas, 1.056 son hombres y 1.747 mujeres.